Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió examinar la legalidad de dos temas emblemáticos en la política migratoria del presidente Donald Trump: el financiamiento del muro fronterizo en el sur del país y el programa Quédate en México, para solicitantes de asilo.

El máximo tribunal acordó que revisará ambos asuntos después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los jueces estudiarán si es legal el uso de fondos asignados al Pentágono por parte del gobierno republicano para financiar el levantamiento de una barrera limítrofe con México, una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.

El presidente declaró emergencia nacional en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar, después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los recursos necesarios para levantar el muro. A principios de ese año, el choque provocó el cierre parcial de la administración federal por 35 días, un periodo récord.

Ahora, la Corte Suprema revisará la apelación del gobierno de Trump sobre un fallo de junio del tribunal de apelaciones del noveno circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2 mil 500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.

La construcción continuó, sin embargo, porque en julio de 2019 la Corte Suprema había permitido que avanzara mientras se resolvía el litigio.

La Corte también accedió a examinar el programa conocido como Quédate en México, por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país deben esperar en México la resolución de sus peticiones.

Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 y aplicada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60 mil migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron regresados a México.

Los jueces de la Corte Suprema acordaron ahora revisar una decisión del mismo tribunal de apelaciones de California, que en febrero ratificó el fallo de un prelado federal de suspender los MPP por considerarlos inconsistentes con la legislación estadunidense y con tratados internacionales.