A dos meses de que concluya el año, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino aprobó el programa de auditorías de su contraloría interna para el ejercicio presupuestal de 2019, así como el programa de trabajo anual de dicho órgano de control, que tiene pendientes de resolver, y la investigación que solicitó el pleno por irregularidades detectadas en la licitación de uniformes y calzado para personal del Legislativo.

En sesión del pleno, la presidencia de la mesa directiva dio trámite, además, al acuerdo del Comité de Administración para crear 131 plazas únicas de limpieza y sanidad, a fin de contratar de manera directa a las personas que realizan dichas tareas en los edificios del Congreso con el régimen de subcontratación (outsourcing).

La contraloría interna del Legislativo –que tiene como encargado de despacho a Jorge Real Sánchez, vinculado al ex asambleísta del PAN y ex alcalde de Benito Juárez Jorge Romero Herrera– propuso auditar cinco rubros y conceptos de gasto y realizar dos evaluaciones de control interno en su programa de auditorías.

Los servicios de apoyo técnico, información y estudios especializados proporcionados a las comisiones, grupos parlamentarios y diputados por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y el gasto destinado al arrendamiento de inmuebles y locales a cargo la Tesorería, la Oficialía Mayor y la Dirección General de Administración, son dos auditorías del programa.

Las otras tres son en realidad el seguimiento de las que inició a los procesos de adquisiciones del Legislativo en 2018, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales por las unidades administrativas, así como una auditoría integral de las adquisiciones y arrendamientos y prestación de servicios de septiembre de 2018 a diciembre de 2019 realizados por la extinta Asamblea Legislativa y el Congreso.

Esta última, vinculada al citado punto de acuerdo que aprobó el pleno el 7 de noviembre, luego de que el presidente del Comité de Administración, Rigoberto Salgado, de Morena, denunció anomalías en dicha licitación.

Las otras dos acciones previstas en el programa de auditorías son evaluaciones de control a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Dirección de Innovación.