Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del gobierno de la capital del país, afirmó que en estos momentos su administración no está en condiciones de apoyar económicamente a quienes, debido a la pandemia de Covid-19, enfrentan problemas para pagar la renta, como tampoco cuenta con recursos legales para emitir un decreto que evite su expulsión.

Señaló que se estuvo analizando este tema para ver si era muy grave la situación, sobre todo en términos de vivienda particular, y por lo menos no ha habido una situación extrema en este caso.

Indicó que se decidió apoyar a las familias con hijos en escuelas públicas con recursos del orden de mil 800 millones de pesos, más 500 millones de pesos otorgados en microcréditos adicionales a los apoyos del gobierno federal.

Explicó que en algún momento se analizó la posibilidad de emitir un decreto, como se hizo en otras ciudades del mundo, para evitar la expulsión de una persona por no pagar la renta en determinados meses.

Sin embargo, vimos las consideraciones de la propia normatividad de la Ciudad de México y no nos alcanzan, digamos, los recursos legales que tenemos para poderlo hacer, refirió.

Sobre una posible ayuda económica, señaló que todo depende, evidentemente, de los recursos que se tengan, pero, acotó, en este momento ya no estaríamos en condiciones de apoyarlos.

El tema había sido retomado luego de que en el Congreso capitalino a petición de un grupo de organizaciones civiles se presentó una iniciativa para evitar que durante la pandemia del Covid-19 se desalojara a quienes se les complicará el pago del alquiler.

En la propuesta, se justificó que durante la crisis sanitaria ya habían sido desalojadas de sus viviendas al menos 256 personas en la Ciudad de México, de las cuales 151 habían sido lanzados por cuestiones económicas.

También aludieron a un sondeo realizado por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat entre mil 498 capitalinos sobre vivienda a principios de mayo, que entre los resultados preliminares destacaba que 62.8 por ciento había tenido problemas para cubrir el pago de renta, mientras 61.5 por ciento consideró muy probable no poder pagar el alquiler por la crisis económica.

La iniciativa que contemplaba reformas al Código Civil causó polémica, porque a decir de sus oponentes dejaba en la indefensión a los dueños de inmuebles, lo que provocó que en el recinto legislativo se detuviera su discusión, para abrir el debate en foros y consultas, lo que a la fecha tampoco ha ocurrido.