El Congreso capitalino aprobó en comisiones la iniciativa de ley que crea para la Ciudad de México la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición, que protege la continuidad de la personalidad jurídica y derechos de quienes desaparecen, suspende obligaciones de carácter mercantil a las que estaban sujetas y facilita a los familiares disponer de sus bienes después de un año mediante un juicio, así como a la disolución de la sociedad conyugal o vínculo matrimonial.

El presidente de la Comisión Especial de Víctimas, Emmanuel Vargas Bernal, de Morena, refirió que en la ciudad, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2014 y 2018 a 53 personas se les declaró desaparecidas en el fuero común y 744 en el federal.

Al igual que la ley federal en la materia, el proyecto de dictamen aprobado establece que transcurridos tres meses después de que se haya presentado la denuncia, reporte o queja de desaparición, los familiares podrán solicitar ante juzgados de lo familiar, del Tribunal Superior de Justicia, que inicie el procedimiento correspondiente.

Beneficios para los familiares

Entre los efectos de la declaración se encuentra la protección de derechos como la patria potestad de la persona desaparecida, la inscripción ante el registro civil de hijos nacidos con posterioridad a la desaparición, su patrimonio incluyendo bienes adquiridos a crédito con plazos de amortización vigentes, sus derechos laborales hasta por cinco años en el caso de empresas del sector privado y hasta su localización con vida o si laboraba en la administración pública local, entre otros.

La ley aclara que la declaratoria no exime a las autoridades competentes de continuar las investigaciones encaminadas a la búsqueda de la persona desaparecida.

Por otra parte, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia, órgano colegiado de consulta y de carácter honorífico que tendrá entre sus funciones dar seguimiento a la aplicación del Plan de Política Criminal del organismo.