Chihuahua, Chih., Campesinos del ejido Constitución, municipio de Buenaventura, exigieron investigar a la minera canadiense Max Silver y sus filiales mexicanas Cascabel y Pozo Seco, así como a menonitas que explotan pozos irregulares en la cuenca del río El Carmen, por la presunta autoría intelectual de los asesinatos de los líderes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, perpetrados hace ocho años.

Ismael y su esposa Manuela fueron acribillados el 22 de octubre de 2012 cuando viajaban en su camioneta en la vía Cuauhtémoc-Álvaro Obregón. Dos semanas antes habían sido agredidos por empleados de la minera Max Silver porque denunciaron la sobrexplotación del acuífero El Carmen y la intención de la trasnacional de perforar pozos en el ejido Benito Juárez.

Eran activistas incómodos para Max Silver, afirman

Barzonistas y ejidatarios protestaron ayer afuera del palacio de gobierno de Chihuahua, a fin de demandar justicia por la muerte de la pareja y recordaron que ambos eran activistas incómodos para la empresa canadiense y para aquellos que explotan pozos de manera ilegal en Buenaventura.

Joaquín Solorio, hijo de las víctimas, denunció que las autoridades federales y estatales no han avanzado en la investigación contra los autores materiales e intelectuales del doble homicidio y a la fecha no hay detenidos.

Señaló además que no se ha investigado a quienes estuvieron trabajando con las mineras, ni a los representantes de ésta, que son de Sonora.

Explicó que la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que aun cuando ha logrado avances el último año, no ha ejecutado ninguna orden de aprehensión. Asimismo, pidió respuesta a una solicitud que hizo el 11 de enero pasado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un comunicado, El Barzón denunció que el gobierno del panista Javier Corral “no ha cumplido con su compromiso de sancionar a los responsables por este crimen y existe una descoordinación endémica entre los gobiernos estatal y federal por motivos diversos, que contribuye a la impunidad, al no concretar la colaboración necesaria para lograr la justicia.

A ocho años del asesinato de nuestros compañeros, no olvidamos que la actividad minera es responsable de las muertes de Ismael y Manuelita, por lo que no tendrá cabida en nuestro ejido Benito Juárez; ante ello mantenemos nuestra exigencia al gobierno de Chihuahua, para que se abstenga de promocionarla en nuestra comunidad, enfatizó.