on el mundo al borde del descontrol y una economía mundial sometida a múltiples presiones y tentaciones de fuga, países como México, siempre en pos del desarrollo que quiere decir seguridad y prosperidad, debe abocarse a hacer sus balances. Vérselas con su primordial estado de pérdidas y ganancias.

Esta tarea, que siempre es una obligación de los estados, no se ha emprendido. Ni antes de la pandemia, cuando se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, ni ahora en medio del maremágnum sanitario y económico, nos hemos esforzado por encontrar el tiempo y el espacio necesarios para reflexionar sobre nuestra circunstancia vital y sobre lo que tenemos que hacer para apurar el paso de la recuperación económica y la protección social.

Menos nos hemos preguntado por lo que es necesario hacer para iniciar un desarrollo diferente al mediocre que nos ha acompañado por más de tres decenios; tampoco nos hemos atrevido a hurgar en los laberintos extraños y hostiles de la seguridad para la justicia.

Estas tareas son responsabilidad del Estado y sus ramas; de los cuerpos técnicos de estudio del Ejecutivo y de los órganos colegiados representativos y sus capacidades de análisis y deliberación. También deberían serlo del Poder Judicial, donde se supone que se radicó la ponencia mayor sobre la reforma de la justicia, sin que hasta hoy tengamos noticia alguna de sus querencias. Podemos, sin embargo, apuntar algunas líneas para una adelantada reflexión.

Vamos rumbo a un delicado problema de administración de nuestra economía pública y, más allá de esto, de nuestro eventual proceso de desarrollo. Éste, como se sabe, a pesar del olvido de muchos, se interrumpió súbitamente en su componente primordial que es el crecimiento de la producción, el consumo y la inversión; es decir del producto interno bruto (PIB), por mal que les pese a no pocos corifeos del gobierno y al Presidente. Un índice que, con todo y sus fallas, es indicador inicial, primero, del ritmo de la actividad económica y con ella del empleo formal e informal, remunerado y no remunerado.

Vivir una interrupción de este calado es triste, pero podría ser vista como una proeza si del suspenso impuesto por la pandemia saltáramos a tasas de crecimiento positivas y pudiéramos encaminarlas a nuevas y promisorias pautas de composición de la producción y la distribución de los frutos de ese crecimiento. Nada fácil, pero factible si nos organizamos para lograrlo.

A principios de este siglo, el colega y amigo Javier Beristain tuvo la iniciativa de reunir a un grupo diverso y plural de colegas y otros mexicanos interesados en el desarrollo del país, a deliberar en torno a una pregunta elemental que a lo largo de varios años se ha probado decisiva y desafiante: ¿Por qué no crecemos?

En aquel entonces muchos podrían proponer que las condiciones para crecer más estaban construyéndose: el comercio internacional del país aumentaba marcadamente y las finanzas del Estado parecían listas para liberarse del yugo de la deuda externa que había llevado a México a su más grave crisis económica y, en buena medida, social. Capear sus más agresivos impactos se hizo con cargo a un costo muy alto en materia social, de salarios y ocupación, protección social, salud y educación.

Se pudo sortear lo peor del huracán, pero se asomó a la agenda pública la disfuncionalidad flagrante del sistema político y la penuria injustificable, en realidad también injustificada, de las finanzas públicas. Sanearlas, como solía decirse, implicaba una restructuración a fondo del sector público, poblado de empresas improductivas e ineficientes, cuya existencia no respondía a ningún criterio de racionalidad; tampoco se justificaba mantener una corriente interminable de subsidios para mantenerlas vivas.

El papel del Estado fue sujeto a una radical revisión a la baja, privatizando o de plano liquidando empresas, sin que a la par de estos cambios se planteara la persistente existencia de una crisis fiscal, larvada gracias a los ingresos petroleros de las décadas de los 70 y 80 y al endeudamiento externo que venía de atrás y acabó cancelado como auxiliar importante de dicha finanza. De ahí la centralidad de la crisis de la deuda externa.

No teníamos por qué caer en un abismo de contracción estatal y empresarial; tampoco era fatal que la apertura al exterior fuese abrupta y sin consideración alguna a los preceptos fundamentales de toda industrialización. Fue en la cumbre donde se gestó un acuerdo reduccionista de la economía pública, alejándola ilusamente del resto de la sociedad y, peor aún, un retroceso cognoscitivo de la economía política moderna que le otorga al Estado un papel decisivo y central para la economía y la cohesión social.

Desde entonces México es un país contrahecho en todos los órdenes de su vida económica, política, social y del Estado; la servidumbre dogmática en que caímos ha sido nudo mayor en nuestras mentalidades. Y su fruto ominoso el extravío del desarrollo.

Hora del alba, aunque sea sin el tambor que buscaban los electricistas de don Rafael Galván. Recuperar lo perdido y conservar lo que nos sirve es tarea vital, no regresiva, sino progresista, de todos.

Con el cariño de todos a Paul Leduc, mirada incansable