A sus 12 años, Eduardo llegó al albergue de La Gran Familia, donde vivió innumerables tormentos: abusos sexuales por parte de los encargados, golpes constantes y vejaciones. A él y a muchos otros de los menores retenidos en la casa hogar de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, los obligaban a comer alimentos en estado de descomposición y por la falta de higiene tuvieron piojos y hasta sarna.

En 2014, un operativo de las autoridades federales evidenció la terrible situación que padecían más de 530 personas internas en ese centro.

Para entonces, Eduardo ya tenía 18 años y las autoridades federales lo dejaron a su suerte. Volvió a enfrentarse al desprecio social, no recibió apoyo sicológico ni médico e incluso carecía de nombre legal. Hoy, sigue a la espera de justicia y reparación del daño.

La de Eduardo es apenas una de miles de historias de los abusos cotidianos que se dan en los centros de asistencia social, orfanatos e instituciones siquiátricas del país. En su más reciente informe, la organización Disability Rights Internacional (DRI) documentó que en estos espacios son constantes las violaciones a los derechos humanos como la violencia, el abuso sexual, la esterilización y aborto forzados a mujeres y la trata con fines laborales o sexuales, entre otros.

En el reporte, que se presentó ayer de forma virtual y se titula Crímenes de lesa humanidad: Décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, la organización evidenció una serie de delitos que, agrega, siguen impunes por la estrecha relación que en muchas ocasiones se da entre dirigentes de estos espacios y las autoridades.

Se trata de una investigación que llevó cinco años (2015 a la fecha), en la que se visitaron 55 centros de este tipo, en 11 entidades del país, donde están recluidos alrededor de 4 mil niños, niñas, adolescentes y personas con alguna discapacidad, sobre todo sicosocial.

Los investigadores de la DRI recibieron extensos testimonios de abuso físico y sexual en las instituciones. Por ejemplo, el propio director de Casa Esperanza, en la Ciudad de México, confesó: No puedo proteger a las mujeres de ser violadas por los trabajadores que ingresan a la institución (...) entonces, las esterilizamos a todas.

Autoridades de seis instituciones informaron a la DRI que esterilizan a mujeres con discapacidad de forma rutinaria. Y también son sistemáticas las violaciones sexuales a mujeres y menores de edad por parte del personal que ahí labora y de trabajadores externos.

Mueren víctimas

Eric Rosenthal, director ejecutivo de la DRI, indicó que por años se han denunciado estas graves violaciones a los derechos humanos en México, las cuales incluso han causado la muerte de muchas de las víctimas, sin que hasta ahora se haga algo para detenerlas o se sancione a los responsables.

En el centro siquiátrico El Batán encontraron que al menos 98 de aproximadamente 300 personas recluidas ahí han muerto en los últimos dos años por mal uso de los medicamentos sicotrópicos.

En la institución Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, en la Ciudad de México, dirigida por una orden católica, los investigadores de la organización internacional observaron a decenas de menores y adultos encerrados en jaulas y atados a camas.

En al menos un tercio de las instituciones, la DRI encontró trabajos forzados y trata: adultos con discapacidad obligados a trabajar sin compensación.