os gobernadores que forman la Alianza Federalista agarraron al vuelo la invitación y reto que les hizo en su conferencia matutina de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador y en cuestión de horas (con el jalisciense Enrique Alfaro como primero en reaccionar) ya estaban ayer mismo anunciando que buscarán hacer consultas populares en sus terruños para definir el rol que deben asumir respecto del pacto fiscal nacional que impugnan y en concreto frente al presupuesto federal de egresos de 2021.

Las primeras expresiones de algunos de esos gobernadores antiobradoristas muestran la textura más bien electoral y marcadamente informal del asunto. Algunos de ellos ensayaron de botepronto las posibilidades de las mencionadas consultas, formulando a la audiencia preguntas tendenciosas y obteniendo desconcertadas respuestas que, sin embargo, los mandatarios pretendieron clasificar como apabullante respuesta indicativa de que en sus entidades hay una mayoritaria objeción a las políticas federales del andresismo.

El tema, desde luego, no es tan sencillo. Hay un marco constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que no puede ser removido sólo por escarceos de oportunidad. Y el punto específico de los pesos y centavos que se entregan a la autoridad federal y los que se reciben del centro a las entidades federativas no soporta ni merece un trato simplista y demagógico.

Por lo pronto, ayer hubo respuesta de siete mandatarios morenistas (en diverso grado) al activismo de gobernadores antiobradoristas como el citado Alfaro (MC), el michoacano Silvano Aureoles (PRD), el coahuilense Miguel Ángel Riquelme (PRI), el independiente neoleonés Jaime Rodríguez Calderón y los panistas de Aguascalientes, Martín Orozco; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

A ellos se opuso ayer mismo un desplegado con las firmas de la chilanga Claudia Sheinbaum, el veracruzano Cuitláhuac García (quien en un tuit habló de la maña federalista; recuérdese que el término maña es usado para hablar de grupos del crimen organizado), el bajacaliforniano Jaime Bonilla, el falsamente morelense Cuauhtémoc Blanco, el poblano Miguel Barbosa, el chiapaneco Rutilio Escandón y el tabasqueño Adán Augusto Hernández.

Además de señalar un tufo electorero en las acciones de los federalistas, los morenistas aseguraron que las consultas estatales y la pretensión de cambiar el pacto fiscal son actos inconstitucionales, irresponsables y desesperados, por lo cual los llamaron a “serenarse“.

La sentencia a cadena perpetua de Keith Raniere, máximo líder de la organización denominada Nxivm (pronúnciese Néxium), es proporcional a la magnitud de los delitos cometidos, según señaló ayer la instancia juzgadora del caso llevado en Estados Unidos. Tal magnitud pareciera no tener equivalencia en cuanto a los corresponsables de esos crímenes, pues aparte de algunos casos en que hubo sanciones menores, el espíritu punitivo no logró extenderse a países como México.

En nuestro país, el personaje central en la reproducción de las doctrinas de Raniere y Nxivm fue Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. También destacó en el esquema de trabajo de Raniere la mexicana Rosa Laura Junco.

Con 30 años de edad (a los 25 fue el diputado más joven en el Congreso de Campeche), el priísta Pablo Guillermo Angulo Briceño tuvo ayer sus cinco minutos de fama nacional al proponer que el Estado mexicano ayude y proteja al general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional que está preso en Estados Unidos bajo acusación de actividades relacionadas con el crimen organizado.

Angulo Briceño planteó que el Estado mexicano debe pagar los gastos de la defensa legal del general en prisión estadunidense, pues se debe evitar que las fuerzas armadas mexicanas queden expuestas a ser víctimas de represalias por parte de organismos policiacos y de inteligencia extranjeros. ¡Hasta mañana!

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