o anunció en la primera semana del presente mes, aunque en ese momento nadie le dio mayor vuelo, tal vez en el supuesto de que se trataba de un simple pasaje en la mañanera respectiva. Sin embargo, ahora que ha dejado en claro que va en serio y que el objetivo es erradicar uno de los frutos podridos del periodo neoliberal, entonces sí comenzó el griterío y más de uno se ha puesto a sudar.

Y el punto no es otro que la iniciativa presidencial para enderezar entuertos, eliminar vicios, abusos y deformaciones en eso que (septiembre de 2012) El Borolas denominó reforma laboral, un adefesio que, en los hechos, simple y llanamente legalizó el outsourcing, o, si se prefiere, la subcontratación de trabajadores sin ninguna prestación y sin mínima certeza de conservar la plaza.

Desde diciembre de 2019 se presentó una iniciativa (el dictamen aprobado por unanimidad en la comisión senatorial respectiva; la autoría es de Napoleón Gómez Urrutia) como la planteada ahora por el mandatario, pero el solícito encargado de mandarla al congelador parlamentario fue Ricardo Monreal, porque, según dijo, no estaba dispuesto a incumplir los acuerdos con los empresarios; (sería) una falta de respeto, tomarles el pelo, y yo empeñé mi palabra.

Habrá que ver si el zacatecano procede de igual forma con la iniciativa presidencial, pero en vía de mientras ayer López Obrador dijo que se ha intentado regular el outsourcing, pero hay quienes no ayudan (ahí te hablan Ricardo); son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores, y comentó que “hay muchos empresarios responsables, pero otros –y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia– que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores; son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, sino a un grupo, a una minoría”.

López Obrador recordó que sólo una de las empresas de outsourcing “se dedica al manejo de nóminas y tiene a su cargo los salarios de 200 mil trabajadores (de terceros); ganan muchísimo dinero (los coyotes) y eso es lo más irregular que puede haber; se afecta a los trabajadores y desde luego hay evasión fiscal” (y de la ley laboral). Por ello, “estamos buscando una manera de que ya no haya abusos, queremos poner orden… y todo esto también va de la mano de la facturación falsa”, mientras los empleados quedan totalmente desprotegidos. Entonces, dijo, no queremos que se haga una reforma que puedan burlar de nuevo.

El presidente López Obrador mencionó que es tradición desaparecer cientos de miles de empleos en diciembre de cada año, con lo que las empresas evaden el pago de aguinaldos y otro tipo de prestaciones. Despiden a los trabajadores y luego los vuelven a contratar. Y en efecto, aunque no es una práctica nueva, desde que el Congreso aprobó la reforma laboral de El Borolas, ha crecido el despido de trabajadores (54 por ciento) en ese mes, aunque mágicamente se recuperan en febrero o marzo del siguiente año.

Por ejemplo, en diciembre de 2012 –a escasos tres meses de la entrada en vigor de la citada reforma laboral– se cancelaron 233 mil plazas –la estadística es del IMSS–, mismas que reaparecieron en febrero de 2013 (lo mejor del caso es que cínicamente Felipe Calderón se autodenominó presidente del empleo). En diciembre de 2013 la pérdida sumó 248 mil; para 2018, el cierre sexenal de Peña Nieto, el quebranto fue de 379 mil, y de 382 mil en el último mes de 2019.

Entonces, queda claro el por qué del griterío y de los sudores fríos.

Las rebanadas del pastel

Un atento saludo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a los autodenominados gobernadores aliancistas: “contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón… Aunque evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”. Touché.

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