Durante el actual sexenio, ocho de cada 10 contratos para los bienes y servicios adquiridos por la administración pública federal se han dado por adjudicación directa, lo que implica un riesgo de probables actos de corrupción y falta de transparencia en las compras públicas, señalaron especialistas en el tema.

Durante el Encuentro nacional anticorrupción: movilizando a la sociedad civil, organizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, los expertos indicaron que en el mundo, la urgencia para atender la pandemia de Covid-19 ha sido pretexto de muchos gobiernos para violar sus leyes de adquisiciones.

Adjudicaciones con riesgo de opacidad

Rodrigo Ríos, de la Comisión Federal de Competencia Económica, aseveró que las adjudicaciones directas no son malas per se, pero sí pueden ser menos transparentes.

La competencia (a partir de las licitaciones públicas) dan más garantía de que la empresa contratada será la más capacitada y el Estado aumenta sus posibilidades de convenir bienes y servicios en mejores condiciones, indicó.

Relató que la Comisión Federal de Competencia Económica, con el apoyo de organizaciones civiles, han propuesto la revisión para la mejora de los marcos normativos que regulan las contrataciones públicas, tendientes a fomentar el uso de procedimientos de licitación y que las adjudicaciones directas se otorguen hasta ciertos montos.

Iratxe Gurpegui, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresó que la regulación de compras públicas del sistema mexicano se centra sobre todo en el combate a la corrupción. Añadió que para que ese delito se presente debe haber colusión entre servidores públicos y empresas

Leonor Quiroz, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, refirió que para garantizar un buen ejercicio en estos contratos se requieren de tres elementos básicos: una legislación adecuada y aplicada con rigor, una plataforma de contrataciones públicas eficaz y transparente, y la profesionalización de los implicados en esos procesos.