Casi un millar de personas han acudido a la Secretaría de Gobernación (SG) con el fin de solicitar la liberación de sus representados o familiares bajo los beneficios de la Ley de Amnistía, según datos oficiales a los que tuvo acceso este diario.

La mayoría de los expedientes recibidos hasta la fecha (609 de 973) corresponden a personas acusadas de delitos contra la salud, relacionados con drogas; sólo hay uno por aborto, mientras que en 108 casos se concluyó que los cargos penales por los cuales están bajo proceso o sentencia no se ajustan a ningún supuesto de la citada ley.

De ese cúmulo general, en 237 casos no se posee información de las imputaciones legales por las cuales la persona está en prisión; 15 están acusados de atentar contra la salud, pero no relacionados con narcóticos, sólo dos son por homicidio en razón de parentesco y uno por robo simple.

De las 973 solicitudes recibidas por la comisión de la Ley de Amnistía encabezada por la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, 826 son casos de hombres y 147 de mujeres. Del total, 63 son personas pertenecientes a comunidades indígenas.

Organizaciones no gubernamentales, fundadoras del Observatorio Amnistía advierten que al momento ningún preso ha recibido los beneficios de la nueva ley y acusaron falta de transparencia en los análisis y deliberaciones sobre cada asunto penal, así como de difusión de este recurso en los centros penitenciarios.

Al consultar su posición al respecto, la SG respondió que tiene cuatro meses de plazo para conocer los resolutivos – eventuales liberaciones– , contados a partir del 19 de agosto, fecha en la que se dieron a conocer los lineamientos de la comisión en referencia.

En principio, grupos civiles integrantes del Observatorio recordaron que uno de los objetivos coyunturales de la autorización de la ley fue dar libertad a personas vulnerables ante la pandemia de coronavirus; sin embargo, indicaron, tras la aprobación en abril, el 22 de junio pasado se instaló la Comisión de Amnistía y ese mismo día se llevó a cabo su primera y única sesión que hasta el mes pasado reportaba 771 solicitudes (y hoy casi mil).

También lamentaron que el Congreso de la Unión no ha cumplido con su parte de realizar un ejercicio de revisión de los delitos incluidos en la ley en los 180 días posteriores a la aprobación de la misma.

En cuanto a la comisión responsabilidad de la SG, aludió que es urgente que sesione para desahogar las solicitudes pendientes, algunas de las cuales están cerca de cumplir el plazo de 40 días establecido en la ley.

La SG respondió que la ley de Amnistía determina que las solicitudes serán resueltas por la comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de su presentación, los cuales se contabilizan a partir del 19 de agosto de 2020, fecha de entrada en vigor de los lineamientos para el procedimiento de atención de las solicitudes de amnistía.

Aseguró que trabaja en coordinación con el sistema penitenciario respecto el perfil de cada persona privada de su libertad con posibilidades de ser amnistiada.

Agregó que la información sobre los trabajos de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia se encuentra publicada en el sitio: http://justicia.segob.gob.mx