La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) pretende integrar una carpeta de investigación en torno a desvíos de recursos destinados a campañas priístas en 2012 y 2015 con base en testimonios y pruebas que puedan aportar Emilio Zebadúa, Emilio Lozoya y el abogado Juan Collado, aunque este último –preso desde julio de 2019, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita– rechazó el ofrecimiento que le permitiría evitar nuevos cargos en su contra, indicaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y fuentes cercanas al que fue defensor de personajes como Carlos Romero Deschamps.

De manera paralela a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la SEIDF ha iniciado una indagatoria a partir de las declaraciones realizadas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las cuales refirió que en 2012 la empresa Odebrecht aportó 4 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y en 2015 se entregaron recursos para campañas electorales de candidatos del PRI en diversas entidades, y posteriormente se repartieron sumas millonarias a legisladores para que aprobaran la reforma energética.

Asimismo, se han considerado las afirmaciones que Zebadúa realizó en una misiva entregada a la FGR sobre la entrega de recursos para campañas proselitistas durante el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), y que habrían provenido de la llamada estafa maestra, en la cual ya se inició un proceso contra Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Teritorial y Urbano.

En ese contexto, funcionarios federales señalaron que se ha tenido contacto con la defensa de Collado y se le ha ofrecido reducir los cargos en su contra si comparece ante el Ministerio Público Federal y presenta pruebas de la entrega de recursos públicos o privados a las campañas electorales de candidatos del PRI.

Fuentes cercanas al litigante indicaron que el ofrecimiento de la FGR fue rechazado y aseguraron que no fue partícipe de ninguna transferencia o manejo de recursos.

Sin embargo, esta indagatoria de la SEIDF tiene como objetivo sancionar posibles delitos electorales que no ha sido posible que acredite la FDE. Además, mencionaron que en torno a las elecciones de 2012 ya existe una declaratoria judicial de prescripción de los delitos.