La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con 10 años de inhabilitación al ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Guillermo García Alcocer, por conflicto de intereses durante su desempeño al frente del organismo.

A García Alcocer se le señala de autorizar permisos para comercializar combustibles en favor de la empresa de un familiar. En un comunicado, la dependencia indicó que la sanción contra el ex funcionario es resultado de una detallada investigación.

Aunque la SFP no profundizó en las indagatorias realizadas, fuentes allegadas al caso informaron a La Jornada que bajo la gestión de García Alcocer se encontró un permiso aprobado el 15 de julio de 2017 a la empresa Santa Fe Natural Gas, propiedad de un primo de su esposa.

La Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Saldoval detalló que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas de la administración pública, incluidos los órganos reguladores de energía.

García Alcocer asumió la presidencia de la CRE en abril de 2016 y renunció en junio de 2019, tras una ríspida relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que la comisión actuaba como empleada de particulares, y que junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos eran reguladores tomados, por lo que había que renovarlos.

Es de recordar que fue uno de los funcionarios federales que no aceptó reducir sus ingresos, como lo decretó López Obrador en el inicio de su gestión. También se manifestó contra la reducción del presupuesto en 31 por ciento para la CRE, que pasó de 360 millones de pesos en 2018 a 248 millones para 2019.

Sobre la sanción, la titular de la SFP indicó que para la dependencia a su cargo es prioritaria la erradicación de los conflictos de intereses, sobre todo alrededor de la mal llamada reforma energética (aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto), que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos.

Agregó que a lo largo del procedimiento se respetó el derecho a una defensa adecuada para el ex funcionario, quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus pruebas.