San Salvador., Hace casi 40 años cerca de mil personas fueron ejecutadas en la peor matanza de civiles perpetrada en la Latinoamérica contemporánea, conocida como Masacre de El Mozote, en El Salvador, pero a pesar del tiempo transcurrido los militares siguen obstaculizando las investigaciones del caso.

Estamos muy indignados, la fuerza armada nunca ha querido que se investigue, declaró a La Jornada la sobreviviente María de la Paz Chicas.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 1981, en plena guerra civil, en El Mozote y otros caseríos cercanos, enclavados en las montañas del departamento de Morazán, en el noreste del país.

Con la venia del presidente Nayib Bukele, el ejército salvadoreño impidió al juez del caso, Jorge Guzmán, titular del juzgado de instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, ingresar a seis cuarteles para buscar documentos sobre la matanza.

La diligencia había sido solicitada por los abogados particulares o querellantes nombrados por los familiares de las víctimas, y el jurista intentó ingresar, sin éxito, a las guarniciones militares entre el 21 de septiembre y el 29 de octubre.

En noviembre de 2019, Bukele había asegurado que permitiría la revisión de los archivos militares, pero luego retrocedió.

Teníamos la esperanza de que la cosa cambiaría con este gobierno, pero ahora vemos que vamos para atrás, comentó a La Jornada el activista Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.

Claros, de 42 años, tenía tres años cuando ocurrió la matanza de 978 personas, incluidos 553 niños. No recuerda nada, pero su madre, Santos Romero, de 66 años, se lo ha contado todo.

Ahí murieron la hermana del activista, María Claros, de 14 años, y sus abuelos Balvino Márquez y Francisca Chicas, además de varios tíos.

Los habitantes de la zona eran considerados por el ejército base social de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político tras los acuerdos de paz suscritos en México en 1992.

La Jornada y otros medios presenciaron el momento en que al juez Guzmán se le impidió el ingreso a la tercera brigada de infantería, en su búsqueda de archivos militares, el pasado 27 de octubre.

Quisiera que por favor nos abra y nos permita entrar para dar cumplimiento a esta orden judicial de inspección, dijo el juez al militar a cargo del portón principal. Pero no hubo respuesta.

Bukele sostuvo en conferencia de prensa, el 24 de septiembre, que no se permitió al juez el acceso a los archivos porque hay documentos militares secretos de operaciones recientes, aunque era obvio que el juez se iba a concentrar en los hechos de 1981.

El tribunal a cargo del caso resolvió el pasado día 4 tramitar la petición de los abogados querellantes para que la fiscalía determine si el presidente Bukele y el ministro de la Defensa, contralmirante René Francis Merino Monroy, cometieron delitos al incumplir una orden judicial.

Sobre eso, La Jornada intentó obtener, sin éxito, una reacción del ministro de Defensa.

Ni siquiera en los dos gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, se abrieron los archivos de las fuerzas armadas sobre la masacre, al parecer por el temor a un golpe de Estado.

Todos los presidentes han hecho lo mismo, no nos han querido apoyar, añadió Chicas, de 50 años. Tenía 11 años cuando esto sucedió.

Tres hermanas y un hermano de ella murieron en la matanza: Lucrecia, de 27 años; María, de 30; Marta, de 28, y Pedro, de 33.

Ella se libró de ser asesinada porque junto con su papá y otra hermana había salido del caserío donde vivía, Ranchería, en las cercanías de El Mozote, a ver un terreno que quería comprar.

A mi hermano y hermanas los mataron a balazos, le prendieron fuego a la casa y tiraron las paredes para soterrarlos, recordó entre sollozos.

El Salvador vivió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992 que dejó unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos.

El caso penal sobre la masacre se abrió en 1990, pero no llegó a nada debido a la ley de amnistía aprobada al finalizar el conflicto en 1993.

Sin embargo, el caso fue reabierto en septiembre de 2016, gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en julio de ese año declaró inconstitucional aquella ley.

Entre los acusados se encuentran los generales José Guillermo García, ex ministro de Defensa; Juan Rafael Bustillo, ex comandante de la Fuerza Aérea, y Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quien falleció el pasado 29 de junio.

Aunque el juez no pudo revisar los archivos, los familiares de las víctimas y sus abogados creen que hay suficiente evidencia para llegar a una condena.

Hay pruebas suficientes, dos soldados del Atlacatl que participaron en la masacre declararon cómo ocurrió, con detalle, y revelaron quiénes eran los jefes en el campo, además de los peritajes balísticos y forenses, aseguró a La Jornada el abogado Ovidio González, de la asociación Tutela Legal María Julia Hernández, uno de los querellantes.