La iniciativa de reforma para ordenar el outsourcing, firmada ayer por el Presidente de la República, prohíbe el traspaso de personal de una empresa subcontratante a otra y limita los servicios especializados, a fin de evitar la pérdida de derechos laborales y defraudación al fisco por esa vía.

Asimismo, la propuesta enviada a la Cámara de Diputados incluye mayores sanciones para quien abuse o cometa actos de simulación, y se procesará a los responsables por delitos fiscales.

Durante la presentación del proyecto de reforma –en Palacio Nacional–, se indicó que actualmente la mitad del personal subcontratado labora para empresas grandes, de más de 250 trabajadores, y que esa práctica muestra desde 2003 un crecimiento anual de 200 mil empleados; también se detectó un grupo que tiene contratados a 250 mil y se dedica a transferir personal para evadir responsabilidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la subcontratación se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta notablemente los derechos y prestaciones laborales, por lo cual confió en que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad los cambios para atajar el abuso de una figura legal que se echó a perder, se deformó.

Acompañado por los titulares de las seis dependencias que elaboraron la iniciativa, el mandatario se refirió a los despidos masivos producto de esa práctica abusiva, incluso en niveles mayores a los ocurridos a causa de la pandemia. Por ejemplo, dijo, 378 mil en diciembre de 2018 y 382 mil 212 en diciembre de 2019.

El outsourcing reporta un crecimiento de 52.4 por ciento en el periodo 2013-2018, al pasar de 3 millones 18 trabajadores a 4.6 millones en 2018, aunque las autoridades temen que la cifra real sea mucho mayor.

“¿Cómo se explica eso?, preguntó el Presidente, al reiterar que se trata de un abuso cometido al amparo de la ley, porque incluso hay despachos que se dedican a estas actuaciones y tienen miles de trabajadores a su servicio, al tiempo que evaden pagos básicos, como aguinaldo e impuestos.

En nombre del grupo institucional que elaboró la iniciativa, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó que el outsourcing fue incluido en la reforma laboral de 2012, con restricciones que fueron letra muerta, no funcionaron, y en cambio afecta el ingreso de los empleados durante su vida laboral activa y hacia la jubilación, por la multiplicación de empresas fantasma o simuladoras. Igualmente daña al erario, de ahí que el objetivo es cortar los tentáculos al pulpo de la subcontratación.

El grupo, integrado por las secretarías de Hacienda y del Trabajo, IMSS, SAT, Infonavit y Procuraduría Fiscal de la Federación, hizo siete operativos en empresas preponderantes en subcontratación “para entender su modus operandi”, y se realizaron 4 mil 709 inspecciones en todo el país, en las que se detectaron mil 200 compañías con esquemas ilegales. Hay 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos, principalmente en las industrias manufactureras, turismo y otros servicios.

Por ejemplo, en un hotel de Cancun, con 802 trabajadores, sólo dos están inscritos como empleados del establecimiento y el resto está contratado con 14 empresas pagadoras; ahí se hallaron 40 empleados sin registro en el IMSS y 762 anotados con falso salario mínimo. El personal es contratado cada tres meses, y ninguno conocía a las empresas que les pagaban.

Ayer, el Presidente se reunió con el senador Ricardo Monreal y le expuso las iniciativas de reforma que envió al Congreso en bien del pueblo y de la nación.

El legislador comentó después, en entrevista, que la iniciativa presentada este jueves coincide 80 por ciento con el dictamen del tema outsourcing aprobado en el Senado.