La prohibición de la subcontratación significará un avance en las condiciones laborales de los trabajadores y en el respeto a sus derechos, coincidieron especialistas.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), expuso que esta medida, planteada en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá que prácticamente desaparezcan las empresas que son dueñas de trabajadores y los alquilan a otras eludiendo sus responsabilidades, como garantizar seguridad social, aguinaldo y jubilaciones, entre otras.

Indicó que con ello, los trabajadores ya no estarían sujetos a las condiciones mínimas laborales que les da la contratista, sino a lo que está establecido en la empresa beneficiaria, es decir, en la que recibe el trabajo, y puede presumirse mejoría en la garantía de derechos.

Señaló que la iniciativa presentada ayer “es un paso positivo, a fondo, de una de las expresiones más importantes del outsourcing”, pero faltaría atacar el problema en su conjunto, que también contribuye a precarizar el trabajo, “como el insourcing, es decir, la división artificial de empresas en diferentes razones sociales”, o los empleos por honorarios.

Alberto Ramírez, abogado laboralista, expuso que acotar la subcontratación que se relaciona con los servicios especializados, como también se contempla en la propuesta, es indispensable, porque la reforma de 2012 planteó una regulación muy defectuosa, aunque –reconoció– también será una tarea muy subjetiva la de justificar cuáles son las actividades de carácter especializado.

Por su parte, los dirigentes de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Reyes Soberanis, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González, también respaldaron la iniciativa del Ejecutivo. Hay quien ha abusado del pago por medio de este mecanismo y, por supuesto, tampoco es válido que no se respeten todas las garantías y derechos a los trabajadores, dijo Soberanis.

En tanto, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, señaló que si bien el objetivo principal es eliminar prácticas abusivas y evasivas de la subcontratación, no resuelve el problema de fondo.