La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México emitió las recomendaciones 4, 5 y 6 de este año por actos de tortura en centros penitenciarios, los cuales generaron 28 víctimas directas –una de ellas falleció– y 11 indirectas, entre las que se encuentran dos adolescentes.

Los documentos fueron dirigidos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario como autoridad responsable, que depende de la Secretaría de Gobierno capitalino, luego de que la defensoría de los derechos humanos local considera grave que cada año se tengan que emitir recomendaciones por violaciones al derecho a la integridad personal en centros penitenciarios.

La titular de la CDH, Nashieli Ramírez, reprochó que se ha visibilizado un patrón sistemático que obedece a un ejercicio abusivo del poder que tiene como objetivo sancionar, reprender y castigar a las personas privadas de la libertad, como respuesta del personal de seguridad y custodia para hacer valer su autoridad.

Agregó que la tortura, además de ser una violación grave y sistemática del derecho a la integridad, impacta en los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad, pues la base del respeto a los derechos humanos establecida en el artículo 18 de la Constitución no se cumple.

Ramírez advirtió que es necesario trabajar el tema con el personal de seguridad y custodia en todos los centros penitenciarios para que cumpla con su misión bajo esquemas de asertividad, control y disciplina para no recurrir en el abuso físico.

Insistió en que para erradicar la práctica de la tortura es necesario que los hechos sean investigados y sancionados por autoridades competentes, al lamentar que el uso de la violencia como castigo está normalizado en nuestra sociedad.

También habló sobre la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres de 2015, en la que 63 por ciento de los menores reportaron haber sufrido algún tipo de castigo físico o maltrato sicológico y 6 por ciento daño corporal severo.

Durante su mensaje, recordó que desde 1994 a la fecha suman 26 las recomendaciones en las que la CDH ha documentado tortura en centros penitenciarios durante su existencia, en las que se concentran las afectaciones a 143 víctimas adicionales.

Hasta el momento, sólo 22 fueron aceptadas totalmente, una de forma parcial y las tres que se enviaron ayer ya están en espera de respuesta por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.