Uno de cada tres trabajadores de los sectores de servicios financieros y corporativos, dos de los más dinámicos de la economía, son contratados bajo el esquema de subcontratación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que hasta noviembre del año pasado la banca múltiple tenía 255 mil 984 personas laborando, de las cuales 125 mil 437 lo hacían con contratos de outsourcing. La cifra es casi la mitad del total de las personas que trabajan en ese sector.

Los servicios financieros contribuyen con 4.2 por ciento del producto interno bruto, en tanto que los corporativos aportan 0.6 puntos, de acuerdo con el Inegi.

Aunque el uso de este tipo de figuras laborales se remonta a la década de los años 70, de acuerdo con la empresa Adecco, con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el outsourcing dejó de aplicarse sólo para servicios como limpieza y vigilancia para llegar hasta la industria y los servicios financieros.

De acuerdo con el Censo Económico de 2019, 17.9 por ciento del personal remunerado en el país ha sido contratado bajo este concepto, cifra que mostró un aumento, pues en el estudio de 2014 sólo ocupaba 16.6 por ciento.

Un estudio realizado en 2016 por la consultora Staffing Industry Analysts indica que en el país existían 900 empresas que ofrecían servicios de subcontratación.

Sin embargo, sólo 337 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y únicamente 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante el parlamento abierto que se realizó en febrero pasado en el Senado, la legisladora Mónica Fernández Balboa señaló que la subcontratación ilegal cuesta al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, la mayoría de estos recursos por concepto de evasión del impuesto sobre la renta (ISR).

Hay abusos, pero no de todos: Concamin

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la evasión que se comente por empresas que utilizan la figura laboral causa una evasión de 21 mil millones de pesos anuales, cantidad con que podría solventar 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de primer nivel de atención.

Sólo en diciembre, el IMSS detectó que 14 mil 553 grandes empresas dieron de baja a todo su personal, el cual fue recontratado en enero pasado.

El outsourcing se ha extendido a más actividades económicas, pues datos del Inegi señalan que 27.9 por ciento del personal ocupado en el sector de servicios de información masiva labora en esa condición.

Otros sectores en los que abunda este tipo de prácticas son la minería, donde 26.5 por ciento de los trabajadores son subcontratados, mientras en el comercio al por mayor, 23 por ciento también labora bajo la tercerización.

Cifras de Manpower, una de las principales empresas que se dedica a la tercerización, señala que cada año generan empleos para más de 170 mil personas, pues cuentan con más de 2 mil clientes mensuales de todos los sectores y tamaños.

Entre los servicios que ofrece está el reclutamiento y selección de personal, la tercerización, cursos de capacitación y administración de nómina, entre otros.

La industria automotriz, la energética, la agroindustria y logística son algunas de las áreas en las que se enfoca.

Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma para regular el outsourcing, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) manifestó su disposición al diálogo para encontrar un equilibrio en el manejo adecuado de los esquemas de subcontratación.

Explicó que hay preocupación por parte del sector privado por las consecuencias que esto generaría a nivel nacional en materia de competitividad y empleo.

Octavio Carvajal Bustamante, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de Concamin, comentó que se entiende que la intención es terminar con una mecánica de abusos realizados por algunos grupos ya identificados, pero esta condición no se puede imputar a todos los empleadores del país.

Confiamos en que se podrán encontrar soluciones distintas más allá de simplemente prohibir la subcontratación que, en esencia, es una actividad lícita y necesaria para obtener competitividad y generar la flexibilidad que requiere el mercado laboral, apuntó.