El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, rechazó que las autoridades que investigan el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan fracasado en obtener la detención de dos militares presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los jóvenes.

El funcionario federal, quien preside la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, aseveró que esta información no corresponde a la investigación.

Ayer, La Jornada publicó que la Fiscalía Especial para el Caso Iguala de la Fiscalía General de la República (FGR) no logró obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisas para evitar la desaparición de los 43 normalistas.

Lo anterior, de acuerdo con funcionarios federales con acceso al caso. Las fuentes agregaron que los jueces federales que conocieron de los expedientes de consignación determinaron que la investigación de la FGR está mal integrada y no se cuenta con pruebas suficientes para inculparlos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Al respecto, Encinas indicó en entrevista con este diario que esas afirmaciones no corresponden a la investigación y que hasta ahora sólo se ha requerido y concretado la aprehensión de un solo elemento castrense (el capitán José Martínez Crespo) relacionado con los crímenes contra los normalistas, suscitados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Enfatizó que una de las partes más difíciles del trabajo de las autoridades para resolver el caso han sido las detenciones de los presuntos responsables, las cuales se han complicado debido a las filtraciones.

“Hemos guardado mucho sigilo en la investigación para evitar las filtraciones que generan confusión y ponen en riesgo la investigación misma. Nos mantendremos con muy bajo perfil y estaremos dando la información muy puntual, cuando haya resultados (…). Se ha filtrado la información de manera regular, ya sea desde áreas de la Fiscalía o del Poder Judicial; eso ha puesto en alerta a algunas personas sobre las que hay orden de aprehensión girada. Las filtraciones son lo que está haciendo daño a la investigación.”

Sin profundizar a detalle, aseguró que como parte del proceso se investiga a varios elementos del Ejército posiblemente involucrados con los hechos.

Desde el inicio (de los trabajos de la comisión, creada por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador) el secretario de la Defensa Nacional (general Luis Cresencio Sandoval) puso a disposición de la Unidad Especializada para el Caso Ayot­zinapa de la Fiscalía General de la República a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería (que pudieran estar vinculados a los hechos). Se está haciendo en todos los casos la investigación en términos puntuales contra cada uno de ellos, subrayó el subsecretario.

De su lado, otros integrantes de la Comisión para la Verdad –que solicitaron no ser identificados– señalaron que no existe la diligencia contra los dos militares, por lo que no se puede decir que los jueces federales hayan negado (las órdenes de aprehensión). La única detención solicitada es la del capitán (Crespo), que ya fue capturado.

Agregaron que las filtraciones debilitan la indagatoria y en ocasiones exponen a la luz información de carácter reservado, lo que también debería tener consecuencias.