Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron de un posible convenio entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y José Martínez Crespo, capitán en retiro del Ejército y único militar detenido por el caso, para eximirlo de la responsabilidad de los crímenes contra los estudiantes y que sea liberado.

En conferencia de prensa, que se realizó ayer de manera virtual, el Comité de Padres y Madres de los 43 exigió que las autoridades, en particular las militares, cumplan con la palabra empeñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se hará justicia sin importar quiénes sean los responsables.

Destacaron el trabajo realizado hasta ahora por las fiscalías especial para el caso, General de la República, de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La detención del capitán Martínez Crespo es muestra de ello.

Sin embargo, alertaron que, hasta el momento, el militar no ha sido imputado del delito de desaparición forzada y sólo se han enfocado a delincuencia organizada por su posible relación con el cártel de Guerreros Unidos, al cual se responsabiliza de los crímenes contra los normalistas cometidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Igua-la, Guerrero.

Por ello, solicitaron que, cuanto antes, la Fiscalía Especial ejercite acción penal contra el capitán por el delito de desaparición forzada y acusaron que la Sedena no ha cumplido con el mandato del presidente López Obrador para entregar toda la información relacionada con los crímenes a las instancias que investigan el caso, por lo que exigieron que se haga a la brevedad.

“El capitán Martínez Crespo tiene mucha responsabilidad, el convenio que haya hecho con militares para entregarse de manera pacífica no lo exime de la responsabilidad sobre la desaparición de nuestros jóvenes. Si dentro de los crímenes que le están imputando hace falta la desaparición forzada, nosotros, mediante el expediente que existe de las pruebas y testimonios de los alumnos sobrevivientes, las aportamos de manera abierta y pública para decirle al juez segundo de distrito de Toluca –quien llevará el proceso del militar– que lo consigne. Exigimos al Presidente de la República que cumpla su palabra de cero impunidad, no puede quedar así sólo porque porte un uniforme de militar”, enfatizó Felipe de la Cruz, vocero de las familias.

En un pronunciamiento, las madres y los padres aseveraron que el militar debe ser sujeto a proce-so por varias razones: conoció en tiempo real de las agresiones contra los jóvenes y no hizo nada por evitarlas; tiene evidencias de lo sucedido, que hasta ahora no ha entregado a las instancias investigadoras, y cuenta con información que permitiría conocer el paradero de los 43 estudiantes, entre otras.

El Poder Judicial Federal, particularmente el juzgado segundo de distrito de Toluca, debe actuar con responsabilidad, analizando detenidamente las pruebas y dictando auto de formal prisión para que el capitán rinda cuentas en el proceso de su implicación en la desaparición y agresión a nuestros hijos. Exigimos a la Sedena respetar la palabra empeñada por el Presidente de la República de no encubrir a nadie y no obstaculizar las investigaciones. Esta institución debe tener claro que elementos adscritos al 27 Batallón de Infantería (con sede en Iguala) están implicados en esta agresión.