El senador de Morena José Ramón Enríquez presentó una iniciativa para establecer en la Ley de Seguridad Nacional que los delitos de ciberseguridad sean tipificados como amenaza a la seguridad nacional, por afectar económicamente con chantajes y extorsiones a los ciudadanos, empresas y a instituciones de los tres niveles de gobierno.

Señaló que la lista de delitos en el ciberespacio es cada vez más larga: involucra robo de identidad, secuestro de sitios web, ataque a servidores de empresas, robo de información confidencial de organismos públicos y privados, sustracción de información y contraseñas de clientes bancarios, instalación de virus informáticos, entre otros. Además, los ciberataques afectan ordenadores, celulares y redes informáticas inalámbricas, apuntó.

En su iniciativa, resalta que México es ya un país de alto riesgo en este tipo de infracciones. De acuerdo con reportes de la consultora KPMG, las empresas son afectadas con 1.2 millones de pesos en pérdidas anuales por ciberataque en promedio, contra quienes los incidentes más comunes son el malware (programas maliciosos) que infectan y dañan sus sistemas informáticos para exigir a sus propietarios pagos por retirarlos, refirió.

Mientras, la empresa Infosecurity asegura que en México los ciberataques cuestan alrededor de 8 mil millones de dólares, aunque explicó que aún es complejo medir la pérdida real, porque aún son pocas las empresas que dan a conocer los montos de los chantajes y extorsiones de que son objeto a través de esos delitos, abundó el senador.

Con la incorporación de las actualizaciones que hace a través de su iniciativa, el senador aseguró que busca garantizar la integridad y soberanía nacionales para que el Estado esté libre de esas amenazas.

Consideró que es urgente una mayor determinación con mejores instrumentos jurídicos que permitan implementar una gestión de crisis, para prevenir y actuar contra los ciberataques de una manera verdaderamente efectiva.

Así –puntualizó– se protegerá a los sistemas informáticos y se mantendrán a salvo las estructuras que se encuentran en el ciberespacio frente a los intentos de alterar, utilizar, corromper, borrar o diseminar la información que ahí se almacena.