El desistimiento del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de los cargos contra el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por presuntos vínculos con el crimen organizado, no es un episodio de impunidad, por el contrario, representa un acto de respeto a México y a sus fuerzas armadas, porque se le someterá a proceso en nuestro país con apego a las leyes mexicanas.

Así lo subrayó ayer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, quien agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una indagatoria por las acusaciones contra el general, las cuales se basarán en la investigación hecha por autoridades estadunidenses, que hace seis días se hicieron llegar a la cancillería mexicana, dado que no existían señalamientos en su contra en México.

Tras el anuncio realizado conjuntamente entre el DOJ y la FGR, Ebrard Casaubón convocó a una conferencia de prensa en la que detalló los pasos diplomáticos que se siguieron para alcanzar este acuerdo, basado en la alianza de cooperación conjunta contra la delincuencia organizada.

Informó que se espera que mañana, en la audiencia que se tiene prevista sobre este caso en Nueva York, la juez Judge Amon se pronuncie y dé pauta a que se concrete este acuerdo a fin de que el titular de la Sedena durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sea trasladado en breve a México y entregado a la FGR.

La fiscalía recibirá a un ciudadano mexicano que no tiene cargos en Estados Unidos en este momento y que será sometido a una investigación en nuestro país con apego a las leyes mexicanas, puntualizó el canciller. Pidió todo el crédito de esta negociación para el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien manejó el asunto de manera atinada y enérgica para lograr este acuerdo en favor de México.

De su lado, fuentes diplomáticas indicaron a este diario que también jugaron un papel clave las gestiones realizadas por el canciller y la embajada de México en Washington, en un acto que es un primer avance para recobrar la confianza en la cooperación y el diálogo, luego que el gobierno mexicano no fue notificado en tiempo de las acciones contra Cienfuegos Zepeda.

En la conferencia, Ebrard Casaubón apuntó: Mañana tendrá conocimiento la juez de Nueva York y tendrá que acordar lo que a su juicio decida. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país, significa que los hechos que presumiblemente se llevaron a cabo en territorio mexicano, significa que los indicios dentro del ámbito de la FGR tendrán que ser confirmados por esa dependencia; es un acto que vemos con simpatía.

De acuerdo con la acusación del DOJ, sobre el general pesan cuatro cargos relacionados con presuntos vínculos con el cártel del H-2, para brindar protección y permitir el tráfico ilegal de droga hacia el país del norte, así como el lavado de dinero.

Ebrard señaló que las negociaciones se dieron con la actual administración estadunidense. Dijo que a finales de octubre presentó sendos extrañamientos y quejas diplomáticas tanto al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, como al fiscal William Barr, porque no se informó al gobierno mexicano de las acciones contra el general, independientemente de su inocencia o culpabilidad.

En respuesta, el 30 de octubre la cancillería recibió de la embajada estadunidense un oficio con fecha del día anterior de la DEA, que fue acompañado por un anexo de 743 páginas referentes a las investigaciones y acusaciones contra el ex titular de la Sedena.

Ebrard envió esos documentos –que serán la base de la indagatoria en México– el 2 de noviembre a Gertz Manero, para su análisis. Cuatro días después, el fiscal general informó a la SRE que había ya solicitado de manera formal la evidencia del caso que obraba en poder del DOJ.

El 11 de noviembre, el gobierno de México recibió la evidencia mediante valija diplomática, que fue enviada a la FGR, y ayer de manera conjunta ésta y el DOJ dieron a conocer el acuerdo.