l año 2020 seguramente pasará a la historia de la humanidad como uno de los más complicados, de fuertes desajustes en las economías de todas las naciones y que ha puesto en alto riesgo la vida, el bienestar y la seguridad de las personas. No ha habido excepciones, en algunos casos con efectos negativos de graves consecuencias y otros, aunque quizá de un efecto menor, porque quienes los sufrieron estaban mejor preparados y organizados para resistir la crisis sanitaria, o porque pudieron responder de una manera más efectiva al impacto de una pandemia que nadie de los que estamos vivos habíamos enfrentado en nuestra existencia. Y ahí vamos y seguimos resistiendo y haciendo enormes sacrificios para mantenernos activos, no desesperarnos y con la esperanza de superar esta calamidad en el futuro cercano.
En México, y para todos, ha sido un gran reto que vino a complicarnos más los problemas del retraso y el abandono en que los gobiernos anteriores dejaron sumergido al país. Los que fueron o han sido beneficiarios del sistema de influencias y corrupción que había prevalecido y crecido enormemente, han tenido mayores recursos y herramientas para no verse afectados, quizás únicamente en las restricciones para movilizarse con libertad y disfrutar y exhibir sus riquezas en algunos casos mal habidas. Pero hay otros, la inmensa mayoría de la población, que en verdad la han pasado muy mal y siguen en una situación realmente complicada para subsistir y conservar la tranquilidad o la ilusión de poder superar la etapa sin rompimientos ni riesgos sociales, producto de la desesperación.
Así, tenemos a cerca de 10 millones de trabajadores que laboraban bajo un sistema de subcontratación simulada, sin prácticamente derechos sociales como los que garantizan la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos, a pesar de que existen y no se cumplen ni respetan. Por las reacciones iniciales de las cámaras empresariales, dan la impresión de que esta situación no les preocupa ni les interesa porque lo único que ven son los intereses de sus representados o agremiados.
Estos sólo argumentan que aprobar la reforma a las leyes respectivas para regular y controlar el outsourcing va a frenar la creación de empleos, pretendiendo desconocer que ellos y las empresas contratistas que actúan como intermediarias y producen la simulación laboral, son precisamente aquellas que al inicio de la pandemia, entre febrero y marzo de 2020, comenzaron a despedir con sangre fría a los trabajadores bajo su sistema, que hoy son alrededor de 10 millones de personas. Sin ninguna liquidación o compensación y sin importarles la condición social, el bienestar o el futuro de esas familias que multiplicadas por casi cinco miembros cada una en promedio, alcanza una cifra total muy exagerada y preocupante de entre 40 y 50 millones de mexicanos sumidos en el abandono y en la pobreza.
El otro argumento que utilizan los empresarios y outsourceros es que la regulación elimina la competitividad, como si ésta sólo pudiera basarse en un mecanismo que paga salarios muy bajos, que no reparte utilidades a los trabajadores aunque los patrones están obligados a hacerlo, según la ley, que no les dan derecho a una pensión digna, que no cotizan lo suficiente para el fondo de vivienda. Es decir, no les basta con impedir la organización libre de los trabajadores o el derecho que tienen a la contratación colectiva, que no pueden acumular antigüedad o tener mejoras salariales. Tal como se aplica en nuestra nación, la subcontratación les ahorra enormes sumas de dinero por ofrecer liquidaciones mucho más reducidas, si es que las hay en ese sistema. Igual sucede con las indemnizaciones mínimas o nulas frente a los despidos arbitrarios que generalmente se dan por prepotencia o arrogancia empresarial, o por razones políticas de querer eliminar sus derechos y libertad. Además de que también se ahorran muchísimo por afectar o no respetar las licencias de maternidad o por aquellos gastos derivados de accidentes e incapacidades.
No puede ser que la productividad o la competitividad de las empresas descanse únicamente en esa explotación o simulación laboral, y no en el desarrollo tecnológico, en la eficiencia de las corporaciones, en los procesos de mejora continua, en el aprovechamiento racional de los recursos e inversiones o en la innovación permanente que implica más capacitación para la investigación y el crecimiento constante. También, los que defienden el sistema actual y se oponen a la regulación pretenden olvidar que México tiene los salarios más bajos de América Latina y si a eso le agregamos la precarización y marginación, pues el tema se vuelve de justicia y de trascendencia nacional e internacional para realmente promover la democracia, la justicia y la libertad de los trabajadores, frente a conservar privilegios y una comodidad acumulada por una minoría, lo cual provoca un elevado costo social.
Para concluir, es importante destacar que las empresas que practican la subcontratación u outsourcing generan una competencia desleal frente a las firmas que no lo utilizan, al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra por los bajos salarios y los débiles registros de su personal ante los organismos públicos de seguridad social, al mismo tiempo que generan una creciente y escandalosa evasión fiscal. Por ello, la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que promovió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no sólo merece todo el reconocimiento, sino que lo coloca a la vanguardia del cambio y la transformación política, económica y social de la nación.
