a autoridad federal informó en días pasados que la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad y a la seguridad vial ha sido aprobada ya por la mayoría de los congresos locales, lo que abre paso a la declaratoria de constitucionalidad y a su entrada en vigor en todo el país.

Esta es una buena noticia, aunque su correcta implementación implica el acompañamiento de una serie de factores que no acostumbramos seguir en nuestras caóticas ciudades, como la planeación urbana, el orden y la legalidad.

Porque el derecho a la movilidad y a la seguridad vial no se limita –o no debe hacerlo– a una mera cuestión en la que proliferen bicicletas, ciclovías, motocicletas o transportes alternativos, sino a la estructuración paulatina, pero continuada, de nuestras metrópolis, de la forma en que las vivimos y nos movemos en ellas.

El derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial debe, por ende, incidir de manera horizontal y de distintas maneras en la vida cotidiana de la población, a través de la mejora en las condiciones de habitabilidad de las urbes. Tarea nada fácil, dado lo viciado de la añeja relación entre autoridad municipal (alcaldías) y la ciudadanía.

Me atrevo a afirmar que nadie, en nuestras grandes ciudades, puede estar en contra de medidas que propicien una vida más sana y un entorno más limpio y saludable. Tampoco se puede oponer al fomento de un medio de transporte libre de contaminación y que al mismo tiempo favorezca que el usuario se mueva y se ejercite.

Al inicio de este año, cuando la epidemia de Covid-19 sorprendió al mundo entero y nos obligó a parar drásticamente actividades y a confinarnos, las autoridades de la Ciudad de México adoptaron una serie de medidas tendentes a contender con la emergencia sanitaria. Entre ellas, la de reducir riesgos en el transporte público.

Decidieron fomentar el uso de la bicicleta, por ser un medio de transporte libre del contagio y seguro, en tanto el tráfico vehicular se había reducido drásticamente debido al confinamiento casi generalizado. Se trazó y se puso en marcha a las llamadas ciclopistas temporales (que ahora son ciclovías “emergentes“), en particular la que corre a todo lo largo de la avenida de los Insurgentes. En cuestión de semanas las bicicletas se multiplicaron.

El confinamiento trajo al mismo tiempo el aumento casi explosivo de las motocicletas de entrega a domicilio.

Pero ahora que gran parte de la población volvió a las calles, con el consecuente aumento del tráfico vehicular, comienzan a surgir problemas y preguntas a las que la autoridad capitalina parece no estar dando respuesta certera ni oportuna. Hace unos días escuché al secretario de Movilidad de la CDMX, Andrés Lajous, afirmar que el gobierno evalúa la posibilidad de hacer permanentes las ciclovías –que originalmente eran temporales– con los muy cuestionables argumentos de que son un éxito y de que el movimiento ciclista las apoya.

Para mi asombro, el funcionario aseveró que la ciclovía de Insurgentes no afecta al tránsito vehicular. Los autos, dijo, disponen de los mismos dos carriles en cada sentido, puesto que el carril de la extrema derecha –ahora asignado a la ciclovía– estaba destinado desde antes para la carga y descarga de los autobuses y para el ascenso y descenso de pasajeros de taxis y de particulares.

Más allá de los planes del funcionario o de la información que le hacen llegar, la realidad lo contradice. Basta con hacer un recorrido en coche por Insurgentes Sur para darse cuenta que en amplios tramos se circula sólo por un carril y que ahora el movimiento de carga y descarga se realiza en uno de los dos carriles centrales (el de la derecha), situación que obstaculiza la fluidez vehicular y ha provocado cualquier número de choques y atropellamientos.

Si de algo estamos conscientes quienes vivimos en la Ciudad de México es de que los conductores carecemos de la más elemental cultura vial. Automovilistas, choferes de camiones y del transporte público, como las llamadas peseras, y los taxistas no respetamos el Reglamento de Tránsito y menos los derechos del peatón y del ciclista.

El problema es que tampoco ciclistas y conductores de las motitos de entrega rápida tienen cultura vial. La luz roja del semáforo parece no indicarles nada.

Es claro que la autoridad encargada de la movilidad en la CDMX deberá sopesar ventajas y desventajas de priorizar un medio de transporte sobre otro, de adecuar normas y reglamentos, así como de otorgar el espacio que a cada uno corresponda y convenga para ser seguro y eficiente. Se tendrá que poner especial énfasis en la construcción de una verdadera cultura vial, donde prevalezcan la ley y el respeto. En las condiciones actuales resulta imposible la sana convivencia entre conductores de automóviles, camiones y peseras, y entre todos éstos con las de motitos y bicicletas.

En una ciudad compleja como la nuestra, con sus vicios, dimensiones y riesgos, no es fácil trazar rutas seguras para el ciclista común. En condiciones normales, me parece que la ciclovía en la avenida de los Insurgentes es poco recomendable, por su trazo improvisado, inconveniente en ciertos tramos.

Si se pondera e implementa adecuadamente, una vez que se convierta en norma constitucional, este nuevo derecho del siglo XXI puede llegar a significar un cambio radical en la forma de movernos y de vivir las ciudades. Por el contrario, si no se lleva a cabo con honestidad y buen juicio, me temo que indefectiblemente seguiremos la misma ruta que llevamos: derecho a la (in)movilidad.