ientras durante algunas semanas en nuestro país pareció aplanarse la curva de contagios del coronavirus, causante de la pandemia Covid-19, la incidencia de hechos de violencia de género no ha hecho sino continuar la dinámica de ascenso que ha manifestado desde hace cinco años. Ese es el grave contexto que prevalece en México en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que conmemoraremos el 25 de noviembre.
El feminicidio de la joven Alexis, en Cancún, Quintana Roo, junto con otros casos igualmente graves de los que hemos tenido noticia en semanas recientes, han encendido la indignación de buena parte de la sociedad a escala nacional; una indignación que ha obtenido como respuesta la represión por parte de las autoridades como única y elocuente expresión de la incapacidad del Estado para atender de raíz este mal. La represión efectuada en Cancún, que dejó varios heridos –dos de ellos con impactos de bala–, es al menos la sexta manifestación feminista que se repele con violencia en 2020 en México, mientras la violencia feminicida no hace más que empeorar de manera cuantitativa y cualitativa.
Entre enero y septiembre de este año se tiene registro de 704 casos de feminicidio que involucran a 724 víctimas en el país; en el mismo lapso se han integrado 2 mil 942 carpetas de investigación. Por el número de éstas septiembre se convirtió en el mes con mayor número de casos de violencia de género desde que se inició su contabilidad, superando los que se perpretaron en julio. En sólo los primeros nueve meses del año, se superaron los casos de feminicidio de 2015 y 2016; con ello, este año aciago que está por concluir, se encamina para ser el de más feminicidios desde que se tiene registro. Correlativamente, entre enero y septiembre, 12 mil 241 mujeres fueron víctimas de violación en nuestra nación.
Como parte de este ominoso contexto, vale recordar que las llamadas a las líneas de denuncia por violencia de género aumentaron 60 por ciento en México las semanas posteriores a las medidas de confinamiento por la pandemia. Abril rompió el récord de llamadas al 911 por motivos de violencia contra la mujer, con un total de 26 mil 171, y en septiembre se superó el volumen de todo el año anterior. Lo mismo podemos decir del delito de trata de personas, que ha seguido en ascenso en años recientes; sólo en 2019 se registró un aumento de 54 por ciento en el número de carpetas de investigación con relación al año anterior.
Los movimientos feministas, junto a los colectivos que luchan contra la desaparición forzada en México, son los movimientos sociales que más han cimbrado al país en años recientes, interpelando a nuestra sociedad y llamándola a no permanecer indiferente ante la magnitud y la crudeza de la violencia que se ha adueñado de México. El feminismo ha evidenciado los frágiles cimientos de la masculinidad heteronormativa y sus pretensiones de superioridad, así como sus diversas expresiones, como son las prioridades del Estado y de una parte de la sociedad, a quienes parece indignar más el daño patrimonial causado durante las manifestaciones, que el propio derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Ante expresiones de complicidad activa o pasiva con la violencia de género como las referidas, no puede aplazarse más la implementación de agendas eficaces de combate a las violencias por parte de las distintas instituciones y ámbitos involucrados. Entre ellos, el sistema educativo debería ser uno de los primeros en comprometerse decididamente en impulsar esfuerzos de concientización en temas como los micromachismos y en la urgente educación de la sociedad en nuevas masculinidades, ya que se estima que 25 por ciento de las mujeres en México ha sufrido violencia en los entornos escolares. Es necesario generar normativas y marcos de actuación para prevenir, atender y sancionar la violencia en las instituciones educativas, como vías para construir espacios de relación y convivencia inspirados por una ética del cuidado y de la construcción de paz, mediante una aproximación integral que favorezca una presencia transversal de la perspectiva de género, no sólo en el diseño curricular sino también y sobre todo en las dimensiones extracurriculares de la educación.
Por su parte, el Estado debe admitir que tiene una gran deuda con el movimiento feminista; deuda que se hace evidente en fenómenos como la impunidad, que alcanza sus cifras más altas cuando se trata de la procuración de justicia hacia las mujeres. Por ello, es urgente que se comprometa en la realización de investigaciones prontas, exhaustivas, técnicas y científicas, que favorezcan la no repetición de las conductas de violencia de género.
En fin, es evidente que nuestro país debe enfrentar numerosas tareas de corto, mediano y largo plazos para erradicar la violencia de género, que hoy es uno de nuestros principales motivos de dolor y vergüenza. Las instituciones educativas y las instituciones de procuración de justicia están llamadas a jugar un papel protagónico en ello, sí, pero deben hacerlo en diálogo y de cara a la sociedad; y especialmente del movimiento feminista.
Es previsible que el próximo 25 de noviembre será una jornada marcada por la indignación y el hartazgo; ojalá hagamos también un espacio para reflexionar y reconocer con honestidad y profundidad la deuda que numerosas instituciones tienen con las mujeres. Ojalá entendamos, de una vez por todas, que nuestra viabilidad como sociedad depende de nuestra capacidad de poner fin a la violencia contra las mujeres.
