n el sonado caso del general Salvador Cienfuegos, la pelota ya está en la cancha mexicana. El Departamento estadunidense de Justicia resolvió retirar todos los cargos criminales en contra del secretario peñanietista de Defensa, por tratarse de un asunto de política exterior, y la jueza federal Carol B. Amon, quien llevaba el caso del militar preso en Nueva York, aprobó tal decisión, por mucho que los cargos son muy serios. Y colorín colorado, este caso no ha terminado, porque si bien el ex funcionario regresará a nuestro país en calidad de ciudadano en libertad, no como detenido (Ebrard dixit), la Fiscalía General de la República ya abrió su propia investigación, la cual tomaría como base la abundante evidencia que el gobierno de Estados Unidos entregó al de México el pasado 11 de noviembre.

De principio a fin (es decir, hasta que el general en retiro regrese a nuestro país), el caso del militar resulta por demás singular: es la primera vez que Estados Unidos detiene a un ex secretario mexicano de la Defensa (alias El Padrino, acusado de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero); es la primera vez que el gobierno mexicano reclama el proceder del vecino del norte, por violar la soberanía nacional y los acuerdos bilaterales vigentes, y, por si fuera poco, es la primera vez que el gobierno estadunidense recula en una cuestión de esta naturaleza.

Hasta ahora, prácticamente todos se han pronunciado sobre el sonado caso del militar mexicano: el presidente López Obrador, el secretario Marcelo Ebrard, el Departamento estadunidense de Justicia, el fiscal general del vecino del norte, la jueza Amon… menos a quien le toca mover el balón, es decir, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se mantiene mudo, aunque es un hecho que la investigación está en curso y que, en caso de proceder, Salvador Cienfuegos no encontrará cobijo en el fuero militar, sino que el fuero común, como para cualquier otro ciudadano, será el competente por tratarse de los delitos que presuntamente cometió.

El presidente López Obrador ha sido puntual: “no hay impunidad para nadie y, al mismo tiempo, no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, tiene que haber sustento y pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia. (el regreso de Cienfuegos) no significa impunidad ni carpetazo, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que (los estadunidenses) nos envían elementos de prueba. Y no hay nada oculto: nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. México va a decidir si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos… no hay acuerdos en lo oscurito”.

Detalló que sí hubo una intervención (diplomática) para lograr un acuerdo, pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política, ni de nada. No admitimos presiones de nadie; tenemos confianza en la FGR y se va a conocer todo lo que se está presentando en la acusación con las pruebas que deben de comprobarse y que la justicia mexicana proceda. Hemos emprendido una lucha en contra de la corrupción, de la impunidad y este es un gobierno con autoridad moral.

La relación bilateral, subrayó López Obrador, es respeto a nuestra soberanía, respeto mutuo, y así nos entendemos y así queremos que siga la política exterior de México, o sea, que nos respeten; no somos colonia ni protectorado, somos un país independiente, libre, soberano y sabemos respetar a todos los gobiernos y también establecer relaciones de cooperación para el desarrollo, la seguridad, a partir de reglas claras, y una de ellas es la confianza. No nos quedamos con los brazos cruzados, no nos callamos.

Las rebanadas del pastel

Como sustento para el caso de Cienfuegos el gobierno estadunidense entregó más de 700 documentos a la FGR y ésta deberá apurar su lectura y evaluación. ¡Ánimo!

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