l general Salvador Cienfuegos pisó suelo mexicano en calidad de repatriado y en absoluta libertad, aunque sujeto a una investigación y, por tanto, impedido a abandonar el país y disponible para declarar cuando el Ministerio Público lo requiera, entre otras condiciones. En el gobierno mexicano existe la convicción de que no habrá complicidad ni impunidad.

La investigación que en contra del ex secretario de la Defensa Nacional se inició en 2019 no terminó, y al parecer no tiene la solvencia necesaria; fue –comentaron fuentes de la cancillería Mexicana– una lanzada de la DEA. Son 743 páginas de dichos, de mensajes de texto, pero no hay ninguna grabación, como se había dicho.

Esta situación hará que México realice una investigación cabrona, muy a fondo, y sólo a partir del trabajo de la Fiscalía General de la República y que deberá terminar –con las consecuencias que eso implique para Cienfuegos– antes de las elecciones del próximo año. Los datos que envió el gobierno de Estados Unidos no servirán de mucho para la indagatoria mexicana.

Sí, todo esto es cierto, pero no se dio sin el reclamo de la cancillería mexicana que, se diga lo que se quiera, logró un triunfo para México. Un periódico de Estados Unidos aseguró en una de sus notas informativas que ambas naciones habrían empezado un juego de pelota dura en el que México ganó.

Marcelo Ebrard reclamó la violación a los acuerdos de cooperación entre los dos países al embajador Christopher Landau. Le dijo, entre otras cosas, que en una reunión anterior en la misma cancillería, el diplomático extranjero ya sabía del caso y no quiso compartir la información.

Días después, el 26 de octubre, el canciller se comunicó con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a quien expresó el descontento del gobierno mexicano por la falta de información compartida y luego vino el extrañamiento formal.

La situación tensó el clima político entre México y Estados Unidos. En una reunión del gabinete de seguridad se hizo un acuerdo de cero cooperación con las agencias que laboran en nuestro país. Quien hable con ellos deberá salir del gobierno, fue la consigna, y en especial se habló de la posible salida de los agentes de la DEA del país. Con Calderón, al personal de esa agencia se dio la llave de la seguridad, actuaron a contentillo, pero ahora las cosas cambiaron, hasta el Plan Mérida se congeló: Está más frío que las vacunas contra el Covid, comentaron fuentes muy bien informadas.

Para el 6 de noviembre Ebrard sostuvo una segunda conversación con Barr, a quien notificó que el expediente del caso Cienfuegos ya estaba en manos de la Fiscalía General de la República y el mismo día, horas después, esa dependencia solicitó la evidencia que tenía el Departamento de Justicia en contra del general.

El 11, mediante valija diplomática, se recibieron y, como ya comentamos, no parecen tener suficiencia probatoria. El martes pasado la FGR y el Departamento de Justicia dieron a conocer que se privilegiaba la relación de cooperación entre ambos países y que las autoridades estadunidenses desestimaron el caso.

Los reclamos y la muy buena relación entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Barr habían surtido efecto, porque no hay que echar de lado que cuando el aparato de justicia del país del norte se mete contra alguien, nada los detiene. Esta vez México logró poner a salvo su soberanía, lo que compromete a hacer valer la ley por sobre todas las cosas. El cuento apenas empieza.

De pasadita

Para no variar, algo terrible sucede en el Congreso de la ciudad. Ahora resulta que a una funcionaria de comunicación social se le trató de hacer firmar una serie de documentos que no parecen muy legales y por su negativa fue despedida. Ya les contaremos más.