La repatriación del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, es fruto de una negociación diplomática y será ahora la justicia mexicana la que deberá demostrar si las pruebas contra el alto militar se sostienen ante tribunales, señalaron el especialista en derecho militar César Gutiérrez Priego y el abogado penalista Juan Velásquez.

Velásquez, quien fue asesor jurídico de Cienfuegos, consideró que la liberación del ex titular de Sedena no tiene nada que ver con algo jurídico, con algo legal; fue una gestión diplomática de la cancillería y de la fiscalía mexicanas con sus homólogos estadunidenses. El resultado, añadió, es un gran éxito para el gobierno mexicano que así libra al Ejército de posibles presiones de autoridades extranjeras.

En tanto, académicos y defensores de derechos humanos destacaron que el hecho de que el gobierno de México haya pedido al de Estados Unidos que quitara los cargos a Cienfuegos obedece al gran poder que aún tienen las fuerzas armadas, por lo que su regreso al país debe leerse como un acto que muy probablemente le garantizará impunidad.

Mariana Mora, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, subrayó que el retorno a México del ex titular de la Sedena va a reforzar un arraigado precedente de impunidad de las fuerzas armadas. Su detención fue un caso emblemático, pero con la noticia de que será absuelto de todo cargo, la principal preocupación es que aquí no pasará nada.

Libre como el viento

La especialista indicó que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard afirmen lo contrario, no hay nada que nos diga que algo va a cambiar en cuanto a la impunidad en la que permanecen todas las quejas en contra de Cienfuegos y del Ejército.

Gutiérrez Priego afirmó que una vez repatriado, Cienfuegos podrá seguir libre como el viento en México hasta que la Fiscalía General de la República le finque cargos y obtenga una orden de aprehensión. Explicó que las pruebas que aportó el gobierno estadunidense no serían admisibles, pues según lo expuesto se recabaron de forma ilegal, por ejemplo, al interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consideró que el pedido de exoneración a Cienfuegos demuestra que el Ejército y la Marina siguen siendo organismos intocables en México.