El arranque del nuevo modelo laboral, tanto en materia de justicia como de conciliación y registro sindical, representa avances importantes, donde la clave será la rapidez con que el personal de las nuevas instancias pueda adoptarlo, explicó Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)

Aunque no resolverá el problema por completo, ayudará a romper vicios y cadenas de corrupción presentes hasta hoy, consideró Luis Montaño Rendón, abogado laboral, quien encabeza el sitio Despido Injustificado.

En tanto, Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, respaldó el nuevo modelo, cuyo inicio se anunció ayer en Palacio Nacional. Estoy convencido de que esta reforma es la más ambiciosa en la historia reciente de México y significa un paso fundamental hacia la #justiciasocial y laboral en el país, indicó en redes sociales.

La primera etapa del nuevo sistema, que entró en vigor en ocho entidades del país, contempla la operación de los tribunales laborales, los cuales sustituyen a las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje. En paralelo, comienza funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl), encargado de verificar los procesos de democracia sindical y validar los depósitos de contratos colectivos bajo la reciente reforma en la materia.

Aunque lo calificó como un paso correcto, Delajara estimó que el Cfcrl arrancará muy lentamente por la falta de experiencia en democracia sindical en el país.

México lleva décadas rezagado con esta legislación, comparado con el convenio de la OIT, que tiene 60 años. No hay esa disciplina, primero en los sindicatos, que todavía no son suficientemente libres y no han estado en esta tendencia de elegir representantes y tener contratos colectivos de trabajo modernos. Todo eso irá muy lento, explicó.

A la par, el nuevo sistema de justicia laboral se perfila como un avance importante en la materia, señaló Montaño Rendón. Fue evidente que no funcionaban las juntas de conciliación. Para lograr ser notificados y que los procesos avanzaran, dijo, sus integrantes volvieron costumbre la solicitud de sobornos.

Parte del problema, agregó, fue que las juntas representan una autoridad administrativa que cayó en vicios de origen, por lo que al ser ahora parte del Poder Judicial, se prevé que los procesos avancen de manera más ágil y apegadas a derecho.