La Cámara de Diputados dio un paso sustantivo en el reconocimiento y valía social e histórica de 20 millones de mexicanos que hablan alguna de las 364 variantes de lenguas indígenas existentes en territorio nacional. Ayer se adicionó el artícu-lo segundo de la Constitución que garantiza, de parte del Estado, el reconocimiento como lenguas nacionales al español y las indígenas.

El dictamen, sometido a votación en el pleno cameral recibió el respaldo unánime de 387 representantes de todas las fuerzas políticas y fue enviado por la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, al Senado para su ratificación.

En tribuna se rememoró, en más de una intervención, la frase del historiador y lingüista Miguel León Portilla, quien selló la defensa de los vastos sistemas de comunicación prehispánica: Cuando muere una lengua entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto ser y vida en la Tierra.

Así, correspondió a la presidenta de la Comisión de Puntos Consticionales, la morenista Aleyda Alavez Ruiz —aún de luto por el reciente deceso de su madre—, presentar el contenido de la reforma.

La adición de este párrafo tercero al artículo segundo constitucional complementa el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, pues con esta modificación constitucional es el Estado el que reconoce el patrimonio cultural que constituye para nuestra nación las lenguas indígenas. A través de estas medidas se deberá propiciar que las lenguas indígenas alternen con el español en los espacios públicos y privados, según corresponda.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) ha documentado que existen 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México con al menos una de las lenguas que las integran. Sesenta y ocho agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones. De ahí que se estime necesario reconocer a las lenguas indígenas como lenguas maternas, al igual que el español, otorgándoles la calidad de idiomas nacionales.

México es el octavo país con mayor población indígena en el mundo, por lo que la medida aprobada servirá de base para replantear diversos procesos en los que interviene la población indígena, tales como los procesos judiciales en los que no basta que en las audiencias haya traductores o intérpretes, sino que el expediente cuente con actuaciones en la lengua del procesado y con ello se dé acceso a una justa y adecuada defensa.