El grupo de indígenas de la comunidad otomí que vive en un campamento frente a Roma 18 en la colonia Juárez, se deslindó de la toma de las instalaciones del Instituto delos Pueblos Indígenas (Inpi), pero solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una mesa de diálogo independiente con el fin deque sean incluidas sus demandas de vivienda, que durante más de 18 años han gestionado sin éxito ante el Instituto de Vivienda (Invi).

En el campamento aludido viven 52 familias, con dos o tres niños cada una, quienes se asentaron precariamente en el inmueble, entonces desocupado, de la calle Roma, pero hace tres años, tras los daños estructurales que ocasionó el sismo de 2017, se salieron para vivir en la vía pública bajo lonas en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Claudia Domínguez, una de las representantes del grupo de indígenas, explicó que durante la gestión de Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobierno se realizaron mesas de trabajo en las que se había elaborado un padrón para beneficiar a 102 familias otomíes de distintos puntos, el cual se depuró y sólo se reconocieron a 82, porque a otras ya se les había incluido en otros proyectos de vivienda.

Detalló que las negociaciones se detuvieron cuando un grupo de no más de cinco familias, que se incorporó después al campamento y que simpatizan con el movimiento que tiene tomadas las instalaciones del Inpi, exigía la construcción de 300 viviendas, con lo que ya no se logró ningún acuerdo y se suspendieron las pláticas.

En un pronunciamiento leído en el campamento, los otomíes que provienen de la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, manifestaron que como comunidad en la Ciudad de México están en el olvido, sin recibir ningún tipo de apoyo, ni de las autoridades del gobierno capitalino que atienden a los grupos indígenas en la ciudad ni del alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez.

Los pasados tres años hemos estado viviendo en condiciones de sobrevivencia, expuestos no sólo a la insalubridad y al clima, sobrellevando como podemos la pandemia por el Covid-19, sino también sufriendo el desprecio de los vecinos que en varias ocasiones se han inconformado por la presencia de nuestro campamento en la vía pública, expresaron.

Estamos de acuerdo con la mesa central de diálogo que se abrió en el Inpi con el gobierno, pero exigimos que se transparente a qué familias se pretende resolver sus justas demandas y que verdaderamente sean de la comunidad, apuntaron, al señalar que quien encabeza el movimiento que protesta en el instituto ni es otomí ni es indígena.