Buenos Aires., Una corte federal de apelaciones en Argentina ordenó ayer investigar al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y a su ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, para determinar si tuvieron responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo en noviembre de 2017 mientras realizaba un ejercicio en el Atlántico Sur.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, a unos mil 700 kilómetros de Buenos Aires, dispuso en su fallo –al que tuvo acceso Ap– que deberá indagarse y acreditarse en el expediente el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo sobre la realización del ejercicio naval... igualmente las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo.

El submarino diésel eléctrico clase TR-1700 de fabricación alemana y en operaciones desde los años 80 desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia su base en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar de un ejercicio de adiestramiento.

La semana pasada, los familiares de los 44 tripulantes demandaron a Macri y Aguad por haber ocultado que supieron la ubicación del buque en diciembre de 2017, cuando a los deudos se les informó casi un año después.

El ARA San Juan fue ubicado a 907 metros de profundidad y a 600 kilómetros al este del puerto argentino de Comodoro Rivadavia, cerca de la zona en donde se contactó por última vez. No hubo sobrevivientes.

La juez a cargo de la pesquisa, Marta Yáñez, señaló como principal responsable del hundimiento al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como comandante de adiestramiento y alistamiento naval, pero la magistrada desestimó investigar a Macri, a su ministro de Defensa y al entonces jefe de la armada, Marcelo Srur. Esta medida fue apelada por los familiares de las víctimas ante una corte federal que ayer les dio la razón.

“No se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales, asignaciones presupuestarias, si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de media vida como relevante para el estado de alistamiento que presentaba” el submarino en noviembre de 2017, consideró el tribunal. “Estas razones impiden –al menos en este estado del proceso– descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”.

Ninguno de los involucrados se pronunció sobre el fallo judicial.