urante su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hasta ahora el gobierno federal no ha logrado detener la violencia como él y su equipo desearían. En una reflexión exenta de autocomplacencia, el mandatario admitió que se siguen presentando crímenes contra periodistas, que el homicidio es el delito cuya reducción ha presentado más dificultad y que un cambio significativo en estos factores tomará tiempo debido al daño heredado de los sexenios anteriores.

Como las principales diferencias entre la estrategia de seguridad actual y la desplegada por sus antecesores, López Obrador recordó que hoy el énfasis se encuentra en las causas del fenómeno delictivo y no en el uso indiscriminado de la fuerza, una política absurda y contraproducente que convirtió al país en un campo de guerra. El otro gran pilar de este esfuerzo lo constituye la lucha contra la corrupción, específicamente en el esfuerzo por romper los vínculos entre autoridades y delincuencia.

Sin duda, la estrategia puesta en marcha en diciembre de 2018 representa un cambio positivo e ineludible con respecto a la política de guerra desatada por Felipe Calderón y continuada, con matices, por su sucesor inmediato. Ese belicismo irracional no sólo no tuvo efecto alguno en el control del crimen organizado, sino que exacerbó la violencia, llevándola a una escala inimaginable hasta entonces, que ensangrentó al país y generó impactos desastrosos que la ciudadanía padece hasta hoy.

Sin embargo, el viraje emprendido por la Cuarta Transformación se ha mostrado insuficiente para entregar los resultados que la sociedad espera y merece, es decir, la recuperación plena de la seguridad física y patrimonial. Señalarlo no implica un llamado a abandonar los esfuerzos en curso: está claro que en dos años no pueden revertirse tres décadas de precarización laboral, marginación, deterioro rampante de la calidad de vida, abandono del campo, éxodo rural, desempleo y desigualdad, saldos del anterior modelo económico que trajeron consigo una profunda erosión de los principios éticos y un desgarramiento visible del tejido social. En esas tres décadas, el traslado de la lógica neoliberal a la delincuencia –la maximización de ganancias por encima de cualquier otra consideración– hizo que se volviera cotidiano lo que antes era impensable; que se normalizara lo escandaloso e inadmisible.

Con todo, lo declarado ayer por el Presidente deja claro que la estrategia debe afinarse porque, si bien está fundada en el principio correcto (priorizar el combate a las causas sociales, económicas y culturales de la delincuencia), amplias regiones del país siguen padeciendo el acoso delictivo, la violencia, la inseguridad y, en suma, la ruptura del Estado de derecho. En este sentido, parece adecuado intensificar la lucha contra la corrupción, pues sin el contubernio entre autoridades y delincuentes no se explica la persistencia de la criminalidad. Ello deberá completarse con la articulación de tres factores que parecen transitar vías paralelas: la política social, a cargo de la Secretaría del Bienestar, la política de construcción de la paz asignada a la Secretaría de Gobernación y la estrategia policial, que recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en la Guardia Nacional.

La coordinación de eso tres frentes es de obvia necesidad: el primero no sólo es el que en última instancia acabará con la violencia; también puede ser un elemento preventivo que evite el auge de la inseguridad y la delincuencia en las comunidades. El segundo debe acelerar la regeneración del tejido social, de la mano con la puesta en marcha de una auténtica procuración de justicia. El tercero de ellos, que en circunstancias ideales debe ser el recurso final, en las condiciones presentes se convierte inevitablemente en el primero, y al aplicarse de manera aislada no resuelve el problema, sino que deja intactas las raíces de la violencia. En suma, el ajuste pertinente de la estrategia de seguridad pasa, entre otras medidas, por coordinar la política de bienestar, la de construcción de la paz y la estrategia policial.