l hábito mental es inexorable: México es el país débil, el sometido, el que no tiene más remedio que acatar los designios de su vecino del norte. Tras bambalinas o no tanto, la superpotencia dicta, determina, planifica y ejecuta el acontecer de nuestra nación en todos los ámbitos; para colmo, algunas cláusulas secretas del Tratado de Bucareli nos habrían prohibido industrializarnos en serio, y ya no digamos desarrollar una industria militar.
Esas creencias, salvo la última, tienen como fundamentos reales y complementarios el inveterado injerencismo estadunidense y el entreguismo que ha caracterizado a las autoridades nacionales en periodos como el porfiriato y el ciclo neoliberal. Por lo demás, las evidentes asimetrías económicas, tecnológicas y militares entre ambas países no tienen por qué significar una condena eternaa la dependencia. Más pronunciadas son las diferencias en esos ámbitos entre naciones fronterizas como Francia y Bélgica, China y Laos o México y Belice, y no por ello conllevan el control de una de las partes sobre la otra o una rela-ción de sometimiento.
Sin embargo, en la mente de muchos, esa realidad supuestamente inmutable coloca los sucesos de la relación bilateral en la perspectiva de la dominación de México por Estados Unidos. Eso explica las primeras reacciones tras el anuncio de que Washington retiraba los cargos al general Salvador Cienfuegos. Hasta ahora, hay quienes están seguros de que el hecho, ciertamente insólito, no pudo ser consecuencia de un reclamo del gobierno mexicano que llevó al de la nación vecina a recular. ¿Soberanía? Vamos, la soberanía es una leyenda urbana
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Pero lo cierto es que desde diciembre de 2018 Donald Trump y su gobierno, con todo y su odioso racismo y su xenofobia, han sido más respetuosos de la soberanía mexicana que sus antecesores; que la investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre el ex secretario de Defensa (Sedena) y la captura de éste violentaron los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad, que el gobierno de López Obrador así lo reclamó y que la liberación del militar obedeció al reconocimiento de la exclusiva jurisdicción mexicana para investigar, juzgar y sancionar delitos cometidos en su territorio. Ese es el centro del asunto, por más que la pertenencia delacusado al ámbito castrense y el que haya sido titular de la Sedena agreguen al episodio elementos de complejidad.
El retorno del divisionario y el compromiso de la Fiscalía General de la República (FGR) de recibir los elementos de la acusación estadunidense para abrirle a Cienfuegos una averiguación previa y eventualmente formularle una imputación formal caen en otro campo de arquetipos: los ministerios públicos no sirven, la FGR está tan descompuesta como la antigua procuraduría que la precedió, los jueces son corruptos, el espíritu de cuerpo de las fuerzas armadas no toleraría que se juzgara a uno de los suyos, y además el poder civil no se atrevería a procesar a un uniformado.
De tal manera, el episodio ha generado escepticismo social y expresiones de desesperanza, fatalismo y hasta cinismo: las cosas son como son y no van a cambiar ahora; los gringos devolvieron al general porque así les convenía, México no tuvo más remedio que tragarse el sapo y lo que viene ahora es la simulación de justicia, la componenda cívico-militar y, al final del camino, la impunidad, la impunidad de siempre.
Hay que reconocer que lo ocurrido es muy raro, en el sentido de poco frecuente, y muy extraño, si se piensa con las lógicas que regían la relación bilateral y la procuración e impartición de justicia durante el régimen oligárquico y neoliberal que se derrumbó hace apenas menos de dos años. Pero en ese lapso han estado pasando en México cosas muy insólitas, como la irrupción de masas populares en los dormitorios de Los Pinos, la incorporación de mujeres en proporciones nunca antes vistas a los cargos del gobierno federal, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, la obsesión oficial por dar una ayuda monetaria masiva a las personas más desamparadas, la brusca suspensión de negocios tan cuantiosos como inmundos a expensas del erario, la supresión de una fuerza federal con atribuciones para reprimir movimientos populares. O la consignación penal de seis elementos de la Guardia Nacional presuntamente responsables del asesinato de una mujer en Chihuahua.
Este escenario nuevo aporta razones para pensar que la devolución del general Cienfuegos ocurrió tal y como la explicaron el Presidente y el canciller Marcelo Ebrard, que no hay en ello un gesto de deferencia a las fuerzas armadas, sino una voluntad de ejercer la soberanía, que la FGR investiga al ex titular de Sedena, que si encuentra elementos de posible responsabilidad penal lo presentará ante un juez civil y que éste, de encontrarlo culpable, lo sancionará conforme a derecho. Sí, puras cosas insólitas.
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