ntró en vigor la primera etapa del nuevo modelo laboral (de entrada, en ocho estados de la República), el cual, dijo el presidente López Obrador, representa un cambio profundo, estructural, porque la justicia en el sector va a depender ahora del Poder Judicial e implicará mayor énfasis en la conciliación entre las partes y la democratización sindical, todo ello en el marco de los acuerdos del T-MEC.

Bien, pero como lo advierte la Rayuela jornalera de ayer, no será tan novedoso ni tan justo el modelo de relación laboral si las mismas manos mueven la cuna, es decir, se puede cambiar la ley, pero nada nuevo sucederá si no cambian los operadores y el conflicto de intereses intrafamiliar no se corrige.

Pero si de justicia laboral se trata –en su más amplio concepto–, lo primero a resolver es el desastre que en esta materia dejaron los gobiernos neoliberales, porque dañaron estructuralmente al mercado del trabajo en el país al aplicar como política pública el desplome salarial (alrededor de 80 por ciento de pérdida real de poder adquisitivo), los salarios de hambre, el outsourcing y la informalidad.

Como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Industrial (IDIC), el desarrollo social y económico del país depende de la salud de su mercado laboral. Sin empleo formal bien remunerado no se puede construir un Estado de bienestar. No debe soslayarse que la precarización del mercado laboral inhibe el fortalecimiento del mercado interno: ningún país puede aspirar al desarrollo sin contar con sólidas capacidades productivas endógenas que se traduzcan en un vigoroso consumo privado. Para lograrlo se requiere revertir la precarización del mercado laboral.

El IDIC advierte que ante la carencia de información sobre el número de personas ocupadas por nivel de salario y acceso a los servicios de seguridad social durante el segundo y tercer trimestre del año, pero tomando en consideración la dinámica de las tasas complementarias publicadas por el Inegi y que las estadísticas disponibles hasta el primer trimestre de 2020 mostraban la precarización estructural que el mercado laboral había enfrentado durante las dos décadas previas, se puede inferir que uno de los desafíos más relevantes para México es generar una estrategia de crecimiento económico basado en mayor inversión que permita crear empleo formal bien remunerado.

Y para lograr lo anterior en nada ayuda la crisis por la pandemia: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada días atrás por el Inegi, en el tercer trimestre de 2020 (en comparación con el mismo periodo de 2019) se observó la disminución de 3.6 millones de personas en la población económicamente activa, lo que equivale a una contracción de 6.3 por ciento.

La caída del empleo en los micronegocios muestra la debilidad de la economía informal: su actividad productiva no es pertinente para enfrentar una realidad delineada por el Covid-19. Además, el mayor incremento en la informalidad laboral se registra en Chiapas, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, de tal forma que la precarización del mercado laboral se exacerbó en los estados de la República con mayores restricciones económicas y sociales.

Las rebanadas del pastel

El presidente López Obrador anunciaría hoy el nombramiento del nuevo director general del IPN o la ratificación del actual (representante del grupo neoliberal que se hizo de la institución desde los gobiernos panistas). Entre los aspirantes destaca el académico Marco Antonio Flores, comprometido a manejar con transparencia y rendición de cuentas el dinero del pueblo… De plano, la estupidez de Donald Trump y su pandilla no tiene límite: ahora acusa a Hugo Chávez–quien, sin duda, regresó del más allá para hacer el chanchullo– de manipular las elecciones gringas del pasado 3 de noviembre y “coordinar un sistema de votación y un software” para que Joe Biden resultara vencedor, al tiempo que detectó la influencia masiva del dinero comunista de Venezuela, Cuba y China en los comicios. ¡Qué cosa!

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