Mexicali, BC., Al no existir en Baja California una dependencia para investigar delitos cometidos por servidores públicos, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá las denuncias de corrupción contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

La secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, informó que en una reunión con el director de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, se acordó pedir a la FGR que investigue los casos deshonestos del gobierno de Kiko Vega.

Al respecto, Espinoza presentó una denuncia en la subdelegación de la FGR en Mexicali por el incumplimiento de la entrega de 361 millones de pesos de participaciones federales a cinco municipios.

Además, hasta la fecha ninguna investigación administrativa durante el gobierno bonillista ha concluido con algún procedimiento sancionatorio de servidores públicos del gobierno de Vega de Lamadrid ni del actual, aunque la funcionaria estatal aseguro que hay avances importantes.

Asimismo, la administración de Bonilla presentó denuncias contra Vega de Lamadrid por peculado y un posible quebranto patrimonial por mil 700 millones de pesos, por supuestos servicios de asesorías a la Secretaría de Planeación y Finanzas que involucra a un centenar de empresas, además de la creación de un fideicomiso manejado de manera personal presuntamente por Brenda Roacho de Vega que destinaría recursos al CRIT-Tijuana.

Otra denuncia es por el descuento de nómina a servidores públicos para organizaciones vinculadas al PAN y a su ex dirigente Jose Luis Ovando Patrón, durante la administración de Kiko Vega.

También, la fiscalía estatal determinó la no acción penal de una indagatoria sobre aportaciones económicas para el otorgamiento de contratos en la administración de Bonilla, caso conocido como de “moches”; esa es otra pesquisa administrativa inconclusa.

El 1º de noviembre, el Congreso local, con mayoría de Morena, aprobó la creación de la Fiscalía Estatal, con más de 20 fiscalías especializadas en diferentes delitos, pero se excluyó a la Especializada en el Combate a la Corrupción.