odos los años miles y miles de millones de dólares son exportados (a los tecnócratas no les gusta el término fugados) de las naciones en las que se obtuvieron y depositados en paraísos fiscales –fortalecidos como nunca– que, se supone, son ilegales, aunque ningún gobierno ni organismo internacional, más allá del discurso, los mete en cintura, por mucho que existan instituciones multinacionales para combatirlos.

Buena parte de la riqueza de un país –cualquiera que éste sea– es extraída de la economía nacional que la generó, y quienes se la apropian simplemente y sin impedimento alguno la trasladan a dichos paraísos para evadir al fisco, mantener el anonimato, proteger sus voluminosos haberes –muchos de ellos de procedencia por demás sospechosa– y cagarse de la risa por la proeza realizada.

Obvio es que quienes se apropian de esa creciente riqueza y se dedican a tales prácticas no forman parte de los sectores populares; no son obreros, campesinos, maestros, desempleados, ni clasemedieros o conexos, sino los cada día más voraces barones de la industria, las finanzas, la minería, el comercio, la agroindustria, la política y demás suculentos negocios –muchos de ellos a costillas del erario–, quienes han llevado la concentración del ingreso a un nivel nunca visto. Casualmente, suelen ser los mismos impúdicos que, un día sí y el siguiente también, exigen que se respete el estado de derecho, es decir, que nadie los toque ni les altere el estatus y las leyes a modo que les armaron los siempre generosos gobiernos neoliberales. Que no los jodan, pues.

La existencia de los paraísos fiscales es de conocimiento público, pero, bien a bien, nadie conoce a cuánto ascienden los recursos en ellos depositados (protegidos de las fauces fiscales) y a quiénes pertenecen, aunque hasta ahora lo poco que se conoce es producto de filtraciones, descuido de alguno de los cuentahabientes, alguna vendetta por razones de reparto inequitativo, o de investigaciones periodísticas, como las realizadas por el Consorcio Internacional del Periodistas de Investigación.

Y siempre que salen a relucir las cuentas y los nombres –sólo alguno– de uno u otro barón en paraísos fiscales (como en los casos Swissleak y Panama Papers), la autoridades de sus respectivos países brincan a la palestra y arman tremendo show para anunciar que: a) investigaremos a fondo; b) castigaremos a los responsables con todo el peso de la ley, caiga quien caiga, y c) no permitiremos estas prácticas ilegales. En los hechos, ninguno de esos barones ha sido investigado, mucho menos castigado, y la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales se ha incrementado sustancialmente. En el mejor de los casos, algún achichincle de quinto nivel termina pagando los platos rotos.

Cómo olvidar que en 2016, en uno de esos descubrimientos de traslado de la riqueza a paraísos fiscales, el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que era preocupante, porque es común que los mexicanos tengan sus inversiones en el extranjero. Y se quedó fresco como lechuga (ver México SA del 5 de abril de 2016).

Pues bien, sirva lo anterior de contexto para la información publicada ayer por La Jornada (Roberto González Amador): el Estado mexicano pierde cada año 9 mil 67.4 millones de dólares –alrededor de 190 mil millones de pesos– debido a que las empresas trasnacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que realmente obtuvieron en el país. El monto de los impuestos que no son captados por México tiene un costo social: la evasión, en el caso del país, es equivalente a una cuarta parte del gasto público en salud o a 15 por ciento de los recursos destinados a la educación pública, de acuerdo con la Alianza Global para la Justicia Fiscal. La pérdida de ingresos tributarios de México equivale a 6.4 por ciento de los ingresos totales del fisco y, comparativamente, sería suficiente para pagar el salario de 581 mil 500 enfermeras y enfermeros.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ya se sabe dónde está el dinero para salir de la crisis.

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