París. Miles de personas se manifestaron ayer en Francia contra una ley que restringe la difusión malintencionada de imágenes sobre intervenciones policiales, considerada por los opositores al texto como ataque a la libertad de expresión.

El ex presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012), será juzgado a partir del lunes en París por corrupción y tráfico de influencias, en el llamado caso de las escuchas, convirtiéndose así en el primer ex jefe de Estado en ser juzgado por ese motivo en 60 años.

Con un importante despliegue policial, la plaza de Trocadero en París se llenó de gente de perfiles diversos de manifestantes, como periodistas, asociaciones defensoras de los derechos humanos o chalecos amarillos (movimiento surgido en noviembre de 2018), constataron periodistas de la agencia Afp.

Una veintena de concentraciones se produjeron en Francia, donde sigue en vigor un estricto confinamiento para hacer frente al Covid-19.

En Lille (norte) llevaban pancartas con mensajes como Orwell tenía razón. También hubo más de mil manifestantes en Rennes (oeste) o en Montpellier (sur), donde pidieron Bajen sus armas, nosotros bajaremos nuestros teléfonos.

La Asamblea Nacional aprobó el viernes el artículo 24 de la ley de seguridad global, el más criticado al restringir la difusión de imágenes de los policías, aunque el gobierno introdujo en el último momento una enmienda que garantiza el derecho a informar.

Este artículo castigará con penas máximas de un año de prisión y 45 mil euros de multa la difusión de la imagen del rostro o de otro elemento que permita la identificación de policías o gendarmes y que pueda perjudicar su integridad física o síquica.

La ley también permite el uso de drones por la policía para grabar manifestaciones y el reconocimiento facial con cámaras de videovigilancia, entre otras medidas.

El caso de las escuchas contra Sarkozy tiene su origen en otro caso que amenaza al ex presidente: las sospechas de que recibió financiación del régimen libio de Muammar Gadaffi durante la campaña presidencial de 2007 que le llevó al Elíseo.

Los jueces habían decidido intervenir el teléfono del ex presidente y fue así que descubrieron que tenía una línea secreta en la que utilizaba el seudónimo Paul Bismuth.

Según los investigadores, algunas conversaciones que tenía allí revelaron la existencia de un pacto de corrupción. Junto a su abogado, Thierry Herzog, Sarkozy habría tratado de obtener información secreta de otro sumario por medio del juez Gilbert Azibert.

Azibert habría tratado también de influir sobre sus colegas. A cambio, Sarkozy le habría prometido ayudarlo a obtener un puesto muy codiciado en el Consejo de Estado de Mónaco. Herzog y Azibert comparecerán junto a Sarkozy, acusados también de corrupción y tráfico de influencias.

Azibert ya era considerado como uno de los principales candidatos para el puesto en Mónaco, pero si le das un empujón, siempre es mejor, dijo Herzog en una conversación. Lo haré ascender, dice Sarkozy a Herzog. Pero unos días más tarde, Sarkozy le dice a su abogado que no hará esa gestión con las autoridades monegascas.

De ser declarado culpable, el ex presidente podría ser condenado a una pena de prisión de hasta 10 años y una multa máxima de 1.2 millones de dólares.