l principio de igualdad no aplica para todos los mexicanos. La Constitución, varias leyes, disposiciones secundarias y muchos reglamentos hacen distinciones entre los mexicanos de primera, segunda, tercera y cuarta ­categoría.

Una propuesta reciente de cambio constitucional, promovida por Olga Sánchez Cordero, da plenos derechos a los mexicanos de cuarta, a los hijos de mexicanos que habían nacido en el extranjero, propiamente a la tercera generación.

En otras palabras, anteriormente el derecho de sangre no aplicaba para los hijos de mexicanos que habían nacido en el extranjero, que de hecho eran mexicanos de nacimiento, pero no nacidos en el territorio.

Con este cambio, centenares de miles de personas excluidas de la nacionalidad, o con muchas restricciones para acceder a ella, podrán ser mexicanos de manera automática, más aún, si este criterio se aplica de manera retroactiva, dado que el criterio jurídico que debe regir es que lo que beneficia suele ser retroactivo.

La propuesta es clara, son mexicanos los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano. Ya no hay adjetivos, antes decía el texto de padres o madres mexicanos nacidos en el territorio nacional.

Este derecho es particularmente relevante para los países donde no aplica el derecho de suelo, propiamente todos los europeos. Es decir, no se le otorga la nacionalidad a un hijo de extranjeros, por carecer de vínculos sanguíneos con gente de ese país. Esta disposición acarreó serios problemas a miles de personas que propiamente eran apátridas, al ser los padres emigrantes y sus hijos o nietos carecer de derechos de suelo.

El caso de los turcos en Alemania fue particularmente dramático, con personas nacidas, socializadas y educadas en Alemania por generaciones, que nunca habían ido a Turquía, ni hablaban la lengua y no tenían acceso a la nacionalidad. Aunque en este caso Turquía les otorgaba la nacionalidad, sin distinción de generaciones.

Si bien, esta propuesta es un avance, al proporcionar derechos plenos a los mexicanos de tercera generación, quedan pendientes las rectificaciones para los mexicanos de segunda categoría, que serían los doble nacionales y los de tercera, que son los naturalizados, en ambos casos persisten muchas restricciones y disposiciones discriminatorias.

La misma Constitución habla de diferentes calidades en la nacionalidad mexicana. En el artículo 30 se establece que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

Es decir, se excluye a los mexicanos por nacimiento, pero que adquirieron otra nacionalidad. En nuestro caso son varios millones. En los últimos años, el número de mexicanos naturalizados en Estados Unidos ha sido de 110 mil en promedio anual, los cuales pierden muchísimos derechos y oportunidades porque la mayoría de reglamentos de muchas instituciones ponen la muletilla de mexicanos por nacimiento y añaden la otra de que no adquieran otra nacionalidad. El caso de la ley Taibo fue excepcional, para poder dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero ese criterio tiene nombre y apellido, no aplica para los demás.

Lo que resulta contradictorio, porque la misma ley mexicana señala que la nacionalidad mexicana es irrenunciable y esto aplica en muchos otros países. Muchas personas tienen dos nacionalidades, porque no pueden renunciar a ellas, aunque quisieran. En la práctica muchos mexicanos naturalizados tienen dos nacionalidades aunque lo prohíba la ley.

Si bien la reforma del artículo 30 constitucional puede parecer un paso adelante, en la práctica deja de lado una reforma integral, que sitúe a México en el siglo XXI y avance en la dirección correcta sin restricciones, exclusiones y limitaciones a los mexicanos naturalizados y los dobles nacionales.

En realidad los más afectados son los propios mexicanos de nacimiento los que pierden derechos al naturalizarse. Legalmente es un castigo, cuando la política mexicana actual paradójicamente impulsa y fomenta que en Estados Unidos los mexicanos adquieran la nacionalidad, porque es la mejor forma de protegerlos y que adquieran plenos derechos. Entre ellos el voto, que en elecciones como las de hace unas semanas ha sido tan relevante.

Según cálculos de Pablo Yankelevich, historiador de El Colegio de México, en 200 años de historia han llegado a naturalizarse unas 80 mil personas. Lo que contrasta con los 110 mil mexicanos que, en promedio, se naturalizan cada año en Estados Unidos. México, en pleno siglo XXI sigue siendo un país cerrado a la inmigración y resulta un calvario realizar todos los trámites y cumplir con los requisitos para poder naturalizarse.

Somos de un país de emigrantes que reclama plenos derechos para sus connacionales, pero que no actúa en consecuencia con los extranjeros que optan por naturalizarse, vivir y aportar en este país, y tampoco concede plenos derechos a los dobles nacionales.

La reforma que debería hacerse es muy simple, todos los mexicanos son iguales, sin adjetivos.