En su afán de salvar de las adicciones a sus seres queridos, muchas familias han optado por internarlos en centros de rehabilitación que en realidad no cuentan con ningún tipo de manejo terapéutico y en donde se les expone a sufrir abusos y vejaciones, participar en actos delictivos e incluso ser blanco de desaparición.

Así lo advierten familiares de víctimas, funcionarios especializados y organizaciones civiles, las cuales señalan que por muchos años esos espacios se han vuelto auténticos hoyos negros al margen de toda regulación, en los cuales las autoridades hoy están obligadas a indagar, como se los ordena la Ley General en Materia de Desaparición y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas.

El nivel de descontrol es tal –señalan expertos en el tema– que menos de 20 por ciento de los clínicas de rehabilitación están registradas y cumplen con la normatividad en la materia, por lo que el aislamiento en que mantienen a sus usuarios puede ser caldo de cultivo para diversos abusos e incluso delitos.

A la gente no la rehabilitan, la humillan

Una de las historias que muestra el nivel de descontrol que existe en algunos de los llamados anexos es la de Éder Adaír Islas Villagómez, un joven de 24 años que empezó a consumir cocaína a raíz de una decepción amorosa y que pidió ayuda a su familia para dejar la adicción.

Desgraciadamente, encontré una clínica que se llamaba Salva tu Vida, a cargo de Fernando Sandoval Díaz, que me llamó la atención porque hablaba de desintoxicación a base de sauna y sueros vitaminados. Tomé la mala decisión de internar a mi hijo el 18 de octubre de 2009, recuerda en entrevista con La Jornada Graciela Villagómez, madre del muchacho.

Aunque la primera fase del tratamiento concluyó en marzo de 2010 y Éder se veía mejor, el dueño de la clínica convenció a la familia de que el joven todavía no se había recuperado del todo y extendió su estancia hasta finales de ese mismo año.

Tras diversas excusas para impedir que los padres hablaran con el muchacho, finalmente el 29 de diciembre de 2010 Fernando Sandoval llamó a la familia para decirles que Éder y otros dos jóvenes estaban desaparecidos, luego de que los mandara en una camioneta a Matamoros, Tamaulipas, por otro paciente.

Pasado el desconcierto inicial por la noticia, “nos enteramos del maltrato que vivían en la clínica: a los pacientes les decía que nosotros los odiábamos y queríamos que se quedaran ahí, y a las familias les decía que sus hijos eran lo peor del mundo y nunca se iban a rehabilitar.

“A mi hijo le hicieron el castigo de ‘la playita’, que consiste en sentarlo en una silla, amarrarle una franela en la cabeza y echarle agua para asfixiarlo. A las jovencitas las vestía como geishas para prostituirlas y a los muchachos se los llevaban con armas largas a cobrar derecho de piso en antros de Naucalpan, Coacalco y Ecatepec”, señaló Villagómez.

A la gente no la rehabilitan: la maltratan, la humillan, la sobajan y la tienen muerta de hambre. Duermen en tapetes o en sábanas, los bañan a manguerazos y les dan de comer en latas. Son lugares que, incluso, reciben a delincuentes que se están ocultando, aseguró la mujer.

Aunque ha logrado que Fernando Sandoval sea investigado e incluso sentenciado a 45 años de cárcel por los abusos cometidos contra diversos pacientes, Graciela Villagómez no ha conseguido saber el paradero de su hijo Éder. Mientras la autoridad no regule esos lugares, van a seguir pasando estas cosas. No rehabilitan a los pacientes: sólo están enriqueciéndose a costa del dolor de la familia y del enfermo.

Regulados, sólo una quinta parte de los anexos

Surgidos en su momento como una alternativa para atender a las personas con problemas de adicción que no podían pagar clínicas costosas, buena parte de los anexos son lugares que aparecen y desaparecen sin rendir cuentas al gobierno, y donde los pacientes están a merced de la voluntad de quien dirige las supuestas clínicas.

De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky, de los alrededor de 2 mil 800 centros de rehabilitación que existen en el país, únicamente 500 (17.8 por ciento) están debidamente registrados, y aunque el funcionario subraya que las violaciones de derechos humanos no ocurren de forma generalizada en estos sitios, admite que buena parte de ellos operan en un ambiente de opacidad y falta de control.

“La cifra (de clínicas de rehabilitación) puede subir y bajar, porque hay algunas que desaparecen y otras nuevas que nacen. En muchos lugares resulta más sencillo poner un centro de atención para adicciones que un carrito de hotdogs”, reconoce el siquiatra y adictólogo en entrevista.

“La barda perimetral de los anexos se presta para que haya gente privada de la libertad, trata de blancas o que haya escondido algún homicida. Se vuelve como una zona de tolerancia, un lugar donde tampoco entra la policía frecuentemente porque no es su atribución, a menos que haya una denuncia”, apunta Zabicky.