En el estado de Guerrero, las poblaciones obligadas a desplazarse forzadamente para huir de la violencia no sólo sufren el acoso de grupos criminales, sino que también son revictimizadas por las autoridades, quienes en muchas ocasiones no les brindan el apoyo que requieren y no se hacen presentes en diversas regiones por miedo a ser atacadas.

Así lo indicó Sergio Martín, coordinador de proyectos de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), quien lamentó que el éxodo de estos grupos hoy se ha vuelto todavía más difícil, pues muchos de ellos tratan de huir hacia Estados Unidos y por lo tanto se vuelven susceptibles a ser detenidos y abusados en la frontera norte.

Estas comunidades de Guerrero se han tenido que desplazar porque se volvieron un objetivo del crimen organizado, pero después son estigmatizadas y entran en un círculo de revictimización. Su escapatoria ahora es más difícil por el endurecimiento de las políticas migratorias, que complican su tránsito por diversas zonas del país, dijo en entrevista.

Sumado a lo anterior, dichos núcleos están especialmente vulnerables en el marco de la pandemia de Covid-19, pues hay clínicas que llevan meses cerradas. La Secretaría de Salud no entra porque tiene miedo, hay amenazas y ese contexto de violencia no permite que la ayuda de las autoridades llegue.

Luego de destacar que existe un contraste bestial entre los sitios turísticos de Guerrero y los altos niveles de violencia que hay en lugares relativamente cercanos a aquellos, Martín destacó que muchas poblaciones desplazadas tratan de buscar refugio en Estados Unidos, lo cual termina exponiéndolas aún más a sufrir ataques graves.

En la frontera norte, desde Baja California hasta Tamaulipas, nos encontramos con población desplazada de estos lugares. Son personas que vienen desde la sierra de Guerrero e intentan llegar a Estados Unidos, pero al ser migrantes se vuelven objetivo del crimen organizado y son fácilmente extorsionables, deploró.

Martín detalló que MSF ha visitado más de 60 comunidades de Guerrero en casi cinco años, con equipos ubicados en centros de salud o unidades móviles, en las cuales brinda atención médica y psicológica a personas desplazadas y otras víctimas de la violencia, en particular la de carácter sexual.