Guadalajara, Jal., Autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad wixárika de Wauta (San Sebastián Teponahuaxtlán) y de su anexo Kuruxi-Manuwe (Tuxpan de Bolaños) exigieron a los gobiernos federal y estatal que intervengan para que se les restituyan 10 mil 500 hectáreas de su territorio ancestral ubicadas en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit.

Señalaron que el tribunal agrario ha reconocido que la mayor parte de esas tierras les pertenecen, pero no han podido recuperarlas porque ganaderos y pequeños propietarios se niegan a entregarlas sin una indemnización.

Los indígenas dijeron estar hartos de haber pasado al menos dos años en negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y advirtieron que si no les devuelven el territorio invadido hace décadas, acudirán a tribunales internacionales para exhibir que en México no se hace justicia a los pueblos originarios.

Ubaldo Valdez Castañeda, vocero de los wixaritari, consideró que el gobierno federal pudo haber hecho justicia desde hace tiempo por medio del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural de la Sedatu.

Los indígenas recordaron que desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han ido cada tres meses a dialogar en la Ciudad de México, lo cual implica un desgaste para ellos, sobre todo económico.

Demandaron a la Sedatu que destine recursos a la solución del conflicto y señalaron que los pequeños propietarios esperan que el gobierno les haga propuestas monetarias.

Sabemos que los recortes presupuestales no nos benefician, pero como le dijimos al Presidente: el tema de territorio es importante. Ojalá pueda comisionar a algún funcionario para resolver este problema o nos dé una audiencia, porque tenemos otros temas pendientes, entre ellos la minería, dijo Valdez Castañeda.

Advirtieron que en diciembre decidirán en asamblea la estrategia a seguir si para entonces no han recibido una respuesta clara.

Hace dos años, por este conflicto, los wixaritari cerraron el ingreso a su comunidad, además de que durante dos meses suspendieron las clases en las escuelas de educación básica en su territorio y promovieron un boicot a las elecciones de julio de 2018.