La bancada de Morena en la Cámara de Diputados determinó que la iniciativa presidencial para prohibir la subcontratación laboral es viable no sólo de forma económica, por el impacto negativo en la recaudación y a las prestaciones e ingresos de los trabajadores, sino también políticamente. Anticipó su respaldo a la reforma, que este lunes se revisa en parlamento abierto y será aprobada esta misma semana en el pleno.

En un análisis del proyecto, así como en estimaciones por separado del coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, y del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se afirma que el daño a las finanzas públicas en 2019 fue de 324 mil millones de pesos por evasión y elusión, y de 21 mil millones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, en la víspera de que las comisiones de Hacienda y del Trabajo analicen públicamente la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mier Velazco sostuvo que 4.6 millones de trabajadores, según datos oficiales, están subcontratados, pero se calcula que esa cifra se elevaría hasta siete veces por las llamadas pagadurías, que operan, prácticamente como tiendas de raya.

Millones de empleados registrados en esa modalidad carecen de certeza laboral y muchas empresas “no tienen personal contratado directamente, y lo hacen a través de terceros que fungen como ‘pagadurías’, como en el ramo de la construcción, donde más de 1.5 millones de trabajadores se ven afectados”.

En tanto, Ramírez Cuéllar informó que, según el Censo Económico 2019, en años recientes la práctica del outsourcing se ha incrementado de manera sostenida, pues pasó de 3 millones 578 mil 247 personas en 2014, a 4 millones 685 mil 356 en 2019, esto es, una tasa media anual de 5.5 por ciento.

Se calcula que en México existen mil 200 empresas que subcontratan, cuyos empleados no cuentan con derechos laborales ni la declaración del monto real de sus salarios. A esto se suma, expresó, que menos de la mitad están registradas debidamente y de las que tienen registro, sólo una pequeña parte paga impuestos, por lo que el outsourcing se ha convertido en un problema público que representa pérdidas al erario y a los derechos de los trabajadores.

Refirió que el propio censo revela que muchas empresas de subcontratación incumplen las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, pues su finalidad es reducir costos mediante la evasión fiscal, al simular actos que tienen efectos fiscales y ocultar o disimular relaciones laborales.

Asimismo, en un análisis de la propuesta distribuido a los integrantes de la bancada, Morena señala que “con el outsourcing ilegal no sólo pierden el Sistema de Administración Tributaria o el IMSS; además, propicia el lavado de dinero”.

El crecimiento anual de subcontratación es de 200 mil trabajadores, según datos del IMSS citados por Morena, que también estima en más de 862 mil los trabajadores afectados en sus derechos laborales.

En 2019, refirió, unas 14 mil empresas dieron de baja a toda su nómina, de casi 64 mil trabajadores, además de que esta práctica ilegal afecta a la clase obrera, pues se les registra ante el IMSS con salarios menores a los que realmente perciben, lo que repercute en sus pensiones, créditos de vivienda, licencias de maternidad o incapacidades y menores montos en casos de liquidación.