Cuernavaca, Mor., Unos 300 elementos de la Guardia Nacional (GN), con apoyo de efectivos del mando coordinado del gobierno del estado, desmantelaron dos plantones-campamentos que ejidatarios mantenían desde 2016 en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, a las orillas del río Cuautla, para impedir que termine la construcción del acueducto del Proyecto Integral Morelos (PIM).

La operación se realizó alrededor de las dos de la madrugada del lunes pese a que, de acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), los campesinos cuentan con 19 amparos vigentes y suspensiones de plano contra el proyecto.

Los labriegos llevaban cuatro años y tres meses impidiendo que se lleven el agua del cauce a la termoeléctrica ubicada en Huexca, la cual, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzará a operar en diciembre.

Como a las dos de la madrugada llegaron como cinco camiones con policías de la Guardia Nacional. Nos dijeron que nos venían a desalojar, pero no nos enseñaron ningún papel, relató Martha López Gaspar.

Mi esposo les mostró un amparo que teníamos, pero dijeron que ellos no querían (ver) ningún amparo, y que nos saliéramos, agregó la mujer, integrante del ejido de San Vicente las Piedras, municipio de Ayala.

En uno de los campamentos había tres campesinos y en el otro menos de una decena, muy pocos en comparación con el número de uniformados federales y estatales antimotines desplegados para desmantelar los plantones: 300 elementos de la GN y unos 100 policías estatales del mando coordinado.

En 30 minutos, los uniformados, según narraron los ejidatarios, desmantelaron los dos campamentos instalados a orillas del río Cuautla, a unos metros de la planta tratadora de aguas de Cuautla.

Con los plantones, los labriegos del oriente de Morelos impedían que se lleven el líquido que 32 ejidos (la mayoría de Ayala, municipio donde nació el general Emiliano Zapata) y 12 pequeñas propiedades integradas en la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) tienen concesionada por un decreto presidencial de 1926.

Estábamos despiertos cuando llegaron. No hubo violencia. Nomás nos dijeron que nos iban a desalojar, que ya venían con la maquinaria. Comenzaron a sacar nuestras cosas. No dijeron más, no nos preguntaron nada. Ellos (los policías), a lo que venían: a desalojarnos, narró López Gaspar.

No opusimos resistencia porque éramos muy poquitos, expresó. Agregó que después de ser desalojados ingresaron varias máquinas y trabajadores para continuar con la construcción del acueducto con el cual pretenden trasladar el agua del río y de la planta tratadora de Cuautla para enfriar las turbinas de la termoeléctrica de Huexca. Dijo que los ejidatarios se sienten traicionados por López Obrador.

En tanto, la GN puntualizó que su actuación para desalojar el plantón en San Pedro Apatlaco se apegó a los derechos humanos y que fue para apoyar a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al personal de seguridad física del CFE, con el propósito de reanudar las obras de construcción.

Mencionó que instaló vallas metálicas en torno a la obra y que, por tratarse de instalaciones estratégicas, sus elementos permanecerán ahí hasta que concluyan los trabajos, dando privilegio al diálogo ante cualquier controversia con los habitantes.

En rechazo a la operación, que incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros durante tres horas (de las 7:30 a las 10:30 horas, uno de la GN y otro del mando coordinado), unos 200 campesinos y ejidatarios bloquearon seis horas la carretera Cuautla-Ayala, cerca de las oficinas de Asurco, encabezados por Jorge Zapata, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata.

El cierre vial provocó caos vehicular, ya que cientos de personas tuvieron que caminar largos tramos para llegar a sus trabajos.

Jorge Zapata pidió a López Obrador cancelar el proyecto porque, subrayó, acabará con la vida campesina por la que luchó Emiliano Zapata. Vienen más manifestaciones más fuertes. Esto no va parar aquí, apenas va a empezar, advirtió.

Al mediodía, el FPDTA-MPT ofreció una rueda de prensa por Internet, en la que calificó el desalojo de los campesinos y el desmantelamiento de los dos plantones de represión fuerte del gobierno federal.

Consideraron que esta acción vulneró el estado de derecho y los 19 amparos vigentes y suspensiones de plano, de los cuales al menos ocho (amparos) son contra el acueducto, es decir, prohíben llevarse el agua de los ejidatarios.

Juan Carlos Flores, abogado del frente, desmintió las declaraciones de la CFE de que no hay impedimento legal para reanudar las obras ni para el inicio de operaciones de la termoeléctrica.

(Con información de Eduardo Murillo)