En México, aún un gran número de quienes ingresan a hospitales siquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, albergues y cárceles para personas con discapacidad intelectual y sicosocial son víctimas de actos y omisiones que ponen en peligro su seguridad, su integridad mental e incluso su vida, de acuerdo con un informe elaborado por la organización Documenta, análisis y acción para la justicia social.