La Paz. Las fuerzas armadas bolivianas dieron a conocer ayer su desconcierto después de que un general de la fuerza aérea fue detenido antier por la represión a una protesta el año pasado en la que murieron 12 seguidores del ex presidente Evo Morales, quien fue obligado a renunciar por la cúpula castrense en medio de protestas alentadas por la ultraderecha.

Nosotros cumplimos órdenes de resguardar y proteger el bien común, sostuvo el comandante Jaime Alberto Zabala.

Alfredo Cuéllar es el primer detenido por lo sucedido en las protestas del año pasdo, desde la llegada a la presidencia de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales. El general está detenido en celdas de la policía hasta que un juez decida su situación legal, indicó el director de la policía, Alberto Aguilar.

El detenido era comandante de una guarnición en noviembre del año pasado, cuando las fuerzas del orden reprimieron una protesta de cocaleros seguidores de Morales que pretendían ingresar a la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, para manifestarse.

Morales fue depuesto en medio de denuncias, no probadas, de la ultraderecha sobre un presunto fraude en los comicios en los que ganó un cuarto mandato, acusaciones que fueron avaladas por la Organización de Estados Americanos.

El general Cuéllar fue convocado por la fiscalía y se presentó a declarar. Él sólo cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones operativas”, aclaró su abogado Edwin Paredes a una emisora local. La justicia arremete contra el eslabón más débil, los responsables (políticos) no han sido investigados, agregó el analista en asuntos jurídicos Jorge Santiesteban.

La investigación podría derivar en un juicio contra la ex presidenta golpista Jeanine Áñez, quien ordenó por decreto la salida de los militares a las calles para ayudar a resguardar el orden púbico y los liberó de responsabilidad penal.

Arce ha prometido justicia para las víctimas y aseguró que reconciliará al país, que ha quedado polarizado. Sin embargo, los opositores lo acusan de usar a la justicia para perseguir a funcionarios del anterior gobierno.