Santiago. Tras un áspero pulso entre el gobierno chileno y la oposición, el Senado aprobó este jueves un proyecto de ley que permite a los cotizantes de pensiones realizar un segundo retiro hasta de 10 por ciento de sus ahorros, con un tope equivalente a 5 mil 500 dólares, en lo que finalmente es otra bofeteda al desprestigiado sistema privado de jubilaciones.

Se trata de una historia con mucho de absurda, porque sólo unas horas antes, el mismo Senado había rechazado una reforma constitucional que iba en idéntico sentido (no alcanzó el mínimo de 3/5 de votos requeridos) y que hace 16 días fue aprobada abrumadoramente en la Cámara de Diputados, con más de 40 votos del oficialismo.

Esta reforma provocó una disputa frontal entre la oposición y el gobierno de Sebastián Piñera, quien la impugnó en el Tribunal Constitucional (TC) apenas salió de la Cámara de Diputados, alegando que por involucrar gasto público y seguridad social, legislar es facultad exclusiva del Presidente de la República mediante leyes ordinarias.

La decisión de ir al TC dio paso a inmediatas protestas sociales que se incrementaron la semana pasada, ante el temor de que no haya retiro antes de Navidad y año nuevo.

Pero el relato no termina ahí. Recriminado por su propio sector, por el mínimo auxilio financiero a la clase media, desempleada y empobrecida en la pandemia, y con cinco senadores derechistas apoyando la reforma aprobada en la Cámara, Piñera se apuró en presentar a discusión inmediata su propio proyecto en igual línea, pero en calidad de autopréstamo y con reintegro forzoso, limitando el máximo a 3 mil 700 dólares, a que sea en dos cuotas y forzando a su tributación como renta.

Estos condicionamientos fueron modificados de inmediato, asimilándolos a la reforma opositora: el reembolso no será obligatorio, el monto crece, su pago en 15 días la primera cuota, no en 60. Queda pendiente dirimir si se le aplicará el impuesto a la renta.

Piñera está impulsando ahora el segundo retiro de fondos, luego que en julio pasado, cuando se aprobó el primero, estuvo rotundamente en contra, bajo la premisa ideológica de que los fondos son intocables como no sea para jubilación.

La respuesta a la pregunta evidente –¿por qué el gobierno se sometió a impulsar un proyecto cuyo trasfondo ideológico no comparte y que significa desmantelar el sistema de pensiones esencia del modelo?– consiste en que la presidencia de Piñera está tan debilitada y carente de autoridad, que acepta este escenario para evitar una mayor desbandada.

Lo curioso de todo esto es que el gobierno termina por patrocinar una idea que no es propia de Piñera, toda vez que en la tramitación del primer retiro hizo todos los esfuerzos para evitar que eso ocurriera, dice el analista Mauricio Morales, politólogo de la Universidad de Talca.

Explica que como es un gobierno que está bajando las cortinas, que está con 15 por ciento de popularidad, que enfrenta elecciones en 2021 y que no aguantaría otro reventón social producto de la protestas ciudadanas a raíz del rechazo de esta idea, entonces el costo por apoyar un proyecto en que no cree es menor que ir al TC, ganar en esa instancia (declarando inconstitucional la reforma) y así mantener sus convicciones. En conclusión, es más rentable traicionar los principios ideológicos y apoyar la medida, que mantener esos principios y dejar la situación sin cambio, arriesgando una fuerte protesta social.