Guatemala. El Congreso de Guatemala anuló ayer de manera definitiva el polémico presupuesto 2021 para intentar apagar la crisis que amenaza la presidencia del conservador Alejandro Giammattei, con apenas 10 meses en el cargo, mientras las convocatorias a movilizaciones para exigir su renuncia se reavivan.

Tras intensas protestas, que incluyeron la quema de algunas oficinas en la sede del Parlamento el sábado, ahora el gobierno deberá reformular el presupuesto vigente para que continúe el próximo año.

El proyecto anulado fue criticado por no dar prioridad a la lucha contra la pobreza, en un país con más de la mitad de sus 17 millones de habitantes en esa condición.

Aunque las manifestaciones amainaron, la universidad estatal y algunas privadas protestaron en las afueras del Centro Cultural de la capital para exigir la renuncia de los diputados y del presidente.

El derechista Giammattei comenzó el pasado enero un mandato de cuatro años. Para el fin de semana, organizaciones universitarias, humanitarias y ONG de fiscalización llamaron a manifestarse por la salida del gobernante.

Sin sede oficial para sesionar debido al incendio, el Parlamento unicamaral, de mayoría oficialista, se trasladó de manera temporal al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la capital, informó el presidente del Legislativo, el oficialista Allan Rodríguez.

Tras una sesión crispada por momentos, el decreto del presupuesto 2021 fue anulado y archivado al contar con el apoyo de 121 votos por 24 en contra, según el tablero electrónico mostrado en imágenes de la televisión y medios de prensa local.

También quedaron sin efecto dos préstamos por 594 millones y 20 millones de dólares para financiar el gasto.

El decreto del presupuesto 2021 fue suspendido el pasado lunes.

El monto del presupuesto anulado era el más alto en la historia del país, con 12 mil 800 millones de dólares, mientras el que seguirá este año es de 10 mil 390 millones de dólares. Sobre este último la ley sí permite hacer reformas.

Ahora los parlamentarios esperan una nueva propuesta del Ejecutivo, que en la víspera comenzó un diálogo con diferentes sectores para modificar el presupuesto vigente.

Para la oposición, el Parlamento cayó en una violación a las leyes porque quien debe vetar el proyecto es el propio presidente, ya que así lo indica la Constitución.