oda catástrofe, todo drama debería ser una lección. Los sismos de 1985, el terremoto de 2017 y hoy Tabasco debería ser ocasión para revisar nuestros sistemas o déficits de ellos sobre desastres.
Cuando en septiembre de 1985 nos azotaron dos sismos seguidos, pocas personas conocían los términos Protección Civil
. Éstos estaban apenas registrados en el lenguaje político o en el jurídico, menos aún en la vida práctica. En los hechos había un abismo que se llenaba a medias con el DN-III-E, solidaridad social y prontitudes de autoridades locales.
El 6 de mayo siguiente se expidió un memorable decreto creando las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. El propósito era muy claro y, desde su nombre, fijaba las bases, pero sólo las bases, de un sistema a crear. Fue instrucción del presidente De la Madrid.
Especificarlo, insertarlo en la vida oficial y social se anticipaba complejo. Requería gran investigación, planeación, percepción política y mucho trabajo de convencimiento. Poco se avanzó por la renuencia del entonces secretario de Gobernación, Manuel Barttlet, quien rechazaba ceder funciones a la sociedad
, como fue su expresión.
Por encima de ello, posiblemente por su nobleza intrínseca, el proyecto, aunque carente de método, fue tomando presencia. Hoy, 34 años después el concepto es parte del quehacer público y social ante catástrofes de todo orden, pero no es suficiente como en Tabasco puede advertirse.
La limitada respuesta a hechos lamentables continúan siendo los inarticulados DN-III-E, el Plan Marina, la energía social y el respetable empeño de autoridades locales. Por encima de ese discreto éxito se despliega un siniestro perfil: la falta de prevención. Sólo estamos atentos a reducir lo que no debió suceder.
Se ignora anticipar el factor perturbador, igual la explosión que devastó a Guadalajara en 1992, que hoy Tabasco, y en ese marco, cabe preguntar: ¿existe un plan de contingencias hidrológicas para la cuenca Grijalva-Usumacinta?
Siguen siendo las comunidades que con su aliento y escasa organización remiten la fuerza del desastre. El Sistema Nacional de Protección Civil debe ser mucho más.
Entre los grandes cometidos de aquel decreto destacan: investigación, marco jurídico, educación, planeación sistémica y participación social.
Lo más trascendente es la educación. Una nación azotada en forma recurrente por el desastre no tiene oferta escolarizada para crear especialistas en protección civil. Los funcionarios que ocupan ciertas responsabilidades lo hacen por vocación, sin formación ni futuro profesional.
La comunidad participa en defensa de sus valores con organización mínima. A ella no se le convoca preventivamente y menos se le induce, siempre respetando sus derechos humanos, por ejemplo, a evacuar zonas amenazadas.
El reto mayor en la preparación de titulares de cualquier nivel oficial y social es la complejidad de la materia. El desastre puede tener origen socio-organizativo, meteorológico (sequías, inundaciones, heladas, ciclones), geológico, sanitario, químico y más. Se demanda crear una cultura profesionalizada. En la concepción de la seguridad pública, Protección Civil no tiene el rango que merece. Un desastre es la ruptura de un orden estable. El reto esencial es evitar que suceda, el segundo es aliviar lo desastrado y el tercero recuperar la normalidad. Este orden de metas en nuestra práctica se da sólo casualmente: falla la prevención.
Los desastres hidrometeorológicos son los más posibles de prevenir. Se sabe con certeza cuándo sucederán las grandes lluvias y con ellas las posibles inundaciones y avenidas fluviales. El desastre puede impedirse.
Conocemos oportunamente la amenaza por información meteorológica y por estadísticas especializadas. Anticipamos lo que puede suceder porque ya ha sucedido. Son conocidos los niveles de agua alcanzados en el pasado y cómo se fue produciendo su incremento. No es el caso de una epidemia, sismo o accidente mayor.
Consecuentemente, vale reflexionar sobre el drama de Tabasco: la aplicación de Ley de Aguas Nacionales atribuye a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ser el órgano superior en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el país
.
Ante esa precisión legal surgen preguntas: ¿se vieron involucrados los gobiernos de dos estados, Tabasco y Chiapas; Ejército y Marina, CFE, Conagua y las comunidades victimadas? Lamentablemente, siendo las dependencias federales de temperamento independentista, ¿dónde estuvo la Coordinación Nacional de Protección Civil, órgano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana?
La respuesta más clara es la misma: la autoridad federal no supo prevenir ni enfrentar el azote de manera sistematizada. Estuvo más presta a discutir tecnicismos y mutuas acusaciones y no a aminorar el daño. Destaca una vez más la respuesta de las fuerzas armadas y, como guardián perpetuo, la comunidad lastimada proveyendo con su lógica su propio auxilio.
Tabasco es un edén. Ese edén y otros son recurrentemente azotados por agentes destructivos de origen hidrometeorológico. Las grandes lluvias regresarán el año que viene. ¿Cómo las recibiremos?
