res millones de personas trabajan en México, de manera temporal o permanente, en diferentes campos agrícolas. Las personas jornaleras. De conformidad con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2017, reciben en promedio 167.69 pesos por día. Es decir, el equivalente a 2.9 salarios mínimos. Lo que significa que sus ingresos se ubican entre los más bajos de nuestro país, por lo que les resulta difícil acceder a una vida digna, en la que sus derechos sean reconocidos, protegidos, promovidos y garantizados.

Existe un contexto histórico de violaciones estructurales y sistemáticas a los derechos humanos de estas personas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 93.4 por ciento carece de contrato; 90.9 no cuenta con acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo, y 85.3 no tiene prestaciones laborales. Además de tener jornadas extenuantes, de más de 15 horas diarias, estas personas tampoco cuentan con vacaciones, días de descanso, Seguro Social, prestaciones, y mucho menos con periodos de incapacidad cuando llegan a tener accidentes o enfermedades en o por su trabajo. A través de la perspectiva de género, y de un enfoque interseccional, logramos comprender que las niñas, adolescentes y mujeres jornaleras se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y desigualdad sistémica, ya que, además del trabajo agrícola, son las responsables del trabajo del hogar, antes y después de su jornada laboral, así como del cuidado de sus hijas, hijos, hermanas o hermanos, y esto incluso mientras están laborando.

Otra de las problemáticas que padecen es que tampoco cuentan con prestaciones laborales, por lo que durante su embarazo no les es posible acceder a una licencia de maternidad o lactancia, la que les permitiría descansar de las agotadoras jornadas laborales. Por otro lado, las infancias que acompañan o migran con sus padres, no sólo no tienen acceso a la educación, sino que los bajos salarios de sus progenitores son un incentivo para que se enrolen en el trabajo agrícola desde edades muy tempranas. Esto propicia que no se protejan ni se garanticen sus derechos fundamentales, por ejemplo aquellos reconocidos en el artículo 4 de la Constitución, así como los establecidos en instrumentos internacionales aprobados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, en estos tiempos de crisis sanitaria, el trabajo agrícola ha sido visto como actividad fundamental para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las personas jornaleras continúan trabajando con salarios paupérrimos, mientras las autoridades no están garantizando sus derechos a la vida y a la integridad física, ya que, al no contar con la posibilidad de tomar medidas mínimas, como el trabajo en casa, la sana distancia y el constante lavado de manos, por mencionar algunos ejemplos, están sobre expuestas a los impactos diferenciados de la pandemia.

Además, una constante en México es la invisibilización del esencial aporte que las familias y personas jornaleras hacen a la soberanía y la suficiencia alimentaria del país. Situación que se incrementó a raíz de la implementación de políticas neoliberales, que apostaron por importar en lugar de producir. Lo cual ha derivado en el abandono del campo, y, por ende, de las personas jornaleras.

Ante este panorama de desigualdades, diversas personas jornaleras se han organizado para exigir sus derechos, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion. Tal es el caso de la Alianza Campo Justo por los Derechos de las Familias y Personas Jornaleras. La principal exigencia de esta alianza es la de un salario mínimo profesional digno, ya que es el primer paso para revertir las condiciones de precariedad en las que se encuentran las personas jornaleras y sus familias. También demanda a la Conasami incluir la propuesta de fijación de un salario mínimo para personas jornaleras, con la finalidad de hacer cumplir la obligación establecida en el artículo 280 bis de la Ley Federal de Trabajo. Además de esta demanda, otra de las acciones de la Alianza Campo Justo es visibilizar los retos que enfrentan las personas jornaleras. En este sentido, debemos seguir alzando la voz para que trabajen en condiciones dignas. Y por ello es necesario exigir al gobierno que cumpla con la obligación de asegurarles una remuneración justa, y que comiencen a generarse las condiciones para que gocen plenamente de su derecho a una vida digna, libre de toda forma de discriminación.

Finalmente, la alianza inició una campaña denominada #CampoJusto, la cual tiene por objeto el posicionamiento del tema en la agenda pública, para así contribuir al proceso de exigencia de las personas jornaleras y sus familias. Podemos sumarnos a esta campaña a través de redes sociales, así como de las iniciativas que se encuentran en su página web https://campojusto.mx/